LOS ANDES (09/07/2025).- Un suboficial de Gendarmería del Centro de Cumplimiento Penitenciario fue formalizado en el Juzgado de Garantía por el delito de apremios ilegítimos en contra de un interno del recinto penal andino.
El hecho fue denunciado de manera anónima a través de un video, comenzando a ser investigado por el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería (DICRIM) quien acreditó la existencia de la agresión, siendo puestos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.
De esta forma, la mañana de este miércoles se hizo efectiva la detención el suboficial D.V.T. (45), siendo puesto a disposición del tribunal.
En la audiencia, el fiscal adjunto Alberto Gertosio Páez, relató que los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, cuando el funcionario penitenciario habría dado golpes de puño en la cabeza del interno J.L.A., quien ese día se encontraba en tránsito en la unidad penal, ya que cumple condena en la Cárcel de San Felipe.
El suboficial, además, le habría dado golpes en diversas partes del cuerpo con su bastón retráctil, causándoles lesiones.
Luego, para ocultar el hecho habría llevado al recluso hasta una celda de castigo, siendo posteriormente descubierto por las imágenes de seguridad del mismo penal.
Cabe consignar que el mismo funcionario había sido formalizado el 6 de mayo pasado por otro delito de apremios ilegítimos en contra de otro recluso del penal andino.
En virtud de ello es que el fiscal Gertosio pidió aplicar las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse al interno víctima de estos hechos y quedar impedido de tomar contacto con la población penal debido a sus reacciones violentas e impulsivas en contra de los reclusos.
El persecutor hizo ver que a pesar de su experiencia, el funcionario no mantenía un control de impulsos en el trato con los internos, aunque en su declaración ante el Ministerio Público dijo que había sido empujado por el recluso, algo que no se aprecia en las cámaras de seguridad.
Finalmente, la magistrada Valeria Crosa Chiappe accedió a decretar las cautelares solicitadas por el persecutor y advirtió tajantemente al funcionario que si incumplía alguna de estas, especialmente de interactuar con internos, podría dejarlo privado de libertad.
La jueza ordenó también remitir los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que tome conocimiento de esta situación y ejercer las acciones legales que le competen.
Molestia de los Funcionarios de Gendarmería
En tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) Provincial Los Andes, rechazó la manera en que esta situación fue expuesta públicamente, “sin el contexto adecuado ni el respeto por el debido proceso que debe resguardar tanto los derechos de las personas privadas de libertad como de los funcionarios que ejercen su labor con profesionalismo y compromiso”.
Precisaron que la situación se enmarcó dentro un procedimiento operativo legítimo, “ante un imputado que alteró el régimen interno de forma agresiva y confrontacional, poniendo en riesgo el orden, la seguridad y la integridad del personal de servicio”.
“Lamentamos profundamente que se hayan filtrado imágenes sensibles y parciales, que lejos de contribuir a la verdad, sólo han servido para perjudicar injustamente la imagen de un funcionario en particular generando daños colaterales a demás funcionarios y, por consecuencia, dañar a toda la institución de Gendarmería de Chile”, fustigaron los dirigentes penitenciarios.
Reafirmaron que como organización gremial “defenderemos siempre el principio de presunción de inocencia y el respeto al proceso investigativo institucional. Nos preocupa que, en este caso, se haya expuesto públicamente una denuncia sin contexto, omitiendo información relevante sobre el comportamiento del imputado y el actuar legítimo del personal”.
Finalmente, se hizo un llamado a los medios de comunicación, autoridades y ciudadanía “a no prejuzgar ni estigmatizar a quienes diariamente cumplen labores complejas en contextos de alta exigencia, muchas veces arriesgando su integridad física y emocional para mantener la seguridad penitenciaria”, concluye el comunicado de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios.
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