LOS ANDES (07/02/2023).- El Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristián Aravena, defendió la suspensión de las atribuciones de las Junta de Vigilancia del Río Aconcagua ante la imposibilidad de que estas llegaran a acuerdo para la redistribución de las aguas del río Aconcagua, tal como lo habían pedido.
Comentó que "como Gobierno estamos conscientes de la compleja situación que vive nuestra región en materia hídrica, por ello, siempre hemos propiciado resguardar y velar por el bien común de todas y todos los habitantes del Valle del Aconcagua, sin ninguna distinción".
La autoridad provincial recordó que "esta medida fue solicitada por las juntas de vigilancia ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre ellas. Por ello, reiteramos la necesidad de mantener el diálogo con todos los actores involucrados a lo largo de toda la cuenca del río Aconcagua".
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme explicó que "los últimos cálculos han permitido atender lo requerido por las distintas juntas, especialmente por los pequeños regantes, y se ha indicado disponer un caudal medio diario de 3,5 m3/s en la estación fluviométrica denominada "Aconcagua en San Felipe", (bajando desde los 6,9 m3/s actualmente exigidos) lo que permitirá aliviar significativamente la incertidumbre planteada por los pequeños regantes de la 1ª sección".
El Seremi de Obras Públicas agregó que "el cálculo actual de prorrateo considerada no solo como fuente de ingreso el caudal pasante en Chacabuquito, sino también los afloramientos presentes en la 2ª sección, y el aporte de los pozos DOH actualmente en operación.
Riquelme destacó que "el cálculo de prorrateo que aplica la DGA está en proporción a los derechos de aprovechamiento de agua, y no es posible, bajo el modelo actual, incorporar otras variables, como superficies regadas o plantadas, ya que ello es parte del manejo privado de dichos derechos, y tiene mucha relación con la tecnología asociada al mismo".
Por otro lado, el Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristian Aravena señaló que "como Gobierno gestionamos la escasez hídrica con el objeto de asegurar que entre todos los usuarios de la cuenca se priorice el consumo humano, junto con velar por la armonía y equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas".
En tanto, el Seremi de Obras Públicas precisó que "estas medidas de redistribución en ejecución van acompañadas desde el primer momento, de un plan de fiscalización de parte de la DGA, que identifique extracciones ilegales de agua a lo largo de toda la cuenca. A su vez, esto irá acompañado de un potente plan de obras en la cuenca, que el Gobierno, a través de sus ministerios de Agricultura y Obras Públicas, deberían presentar en las próximas semanas para discusión de la región".
Por último, ambas autoridades destacaron la disposición a facilitar el diálogo entre las Juntas de vigilancia, y aplicar un modelo que logre equilibrar las demandas requeridas con la oferta presente en el valle.
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