Imaginemos que nos entregan $3.634 millones de pesos públicos para resolver un problema país y, tras años de ejecución, el problema sigue intacto. La respuesta habitual frente a este escenario suele ser la indignación o la exigencia de más recursos. Pero el proyecto de Presupuesto 2027 ha tomado el camino inverso: una poda drástica que reduce el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía a solo $514 millones.
El ajuste ha encendido las alarmas en el mundo animalista, y con justa razón. Detrás de los números hay seres sintientes cuya vida y sufrimiento no pueden quedar a merced de una planilla Excel. Sin embargo, en el celo por defender este presupuesto, estamos cometiendo un error estratégico: exigir más dinero sin demostrar jamás como impactamos con el que ya tuvimos.
Durante años, la política pública de bienestar animal en Chile cayó en la trampa del activismo estatal: aprendió a contar actividades, pero no a medir impacto. Celebramos miles de esterilizaciones, capacitaciones y chips instalados. Pero confundir volumen de gestión con solución real es una irresponsabilidad técnica. Esterilizar a mil animales no sirve de nada si la población callejera sigue creciendo exponencialmente a dos cuadras del operativo. Capacitar a 500 personas es inútil si los patrones de abandono no cambian.
Si un inversionista privado destina miles de millones a un proyecto y la brecha no se reduce, la solución no es duplicar la apuesta a ciegas, sino auditar la estrategia. El Estado debe someterse al mismo rigor. El sufrimiento animal es un imperativo ético indiscutible, pero una política pública no puede sostenerse solo sobre la compasión; requiere evidencia. La tenencia irresponsable es también un problema de salud pública, seguridad ciudadana, convivencia urbana y gasto municipal.
El recorte del Presupuesto 2027 es desgarrador, pero también es un síntoma. Es la consecuencia natural de haber presentado el bienestar animal como un bien social deseable pero técnicamente inauditable. Mientras nuestra defensa de los recursos se limite a mostrar fotos de animales rescatados y no a presentar líneas de base, indicadores de prevención y tasas reales de reducción de abandono, el Estado seguirá viendo este ítem como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica.
El desafío urgente no es rogarle a la Dirección de Presupuestos que devuelva los recursos restados. El verdadero desafío, incómodo y postergado, es demostrar con rigor científico e indicadores duros por qué cada peso invertido en bienestar animal transforma de verdad nuestras comunidades, erradica el sufrimiento animal y le ahorra costos al país. Sin esa honestidad técnica, seguiremos contando perros y gatos en la calle mientras nos preguntamos por qué el Estado nos quitó el presupuesto.
|
