La ley N ° 21.020 de tenencia responsable de animales de compañía , conocida como Ley Cholito por el perrito mártir que fue horriblemente asesinado en Santiago y que inspiró y aceleró su promulgación , fue el resultado de años y años de luchas de agrupaciones animalistas y ciudadanos de buena voluntad hasta que fue realidad el 2 de agosto de 2017, ha permitido formalizar una serie de derechos de las mascotas entre los que se destacan la identificación obligatoria a través de un microchip y estar inscrito en un Registro Nacional de mascotas que les asocia a un tutor ; cuidados básicos, obligando a los tutores a proveer de alimento albergue, buen trato, vacunas y atención sanitaria; paseo seguro los perros deben llevar correa o arnés en la vía pública y los de raza potencialmente peligrosa deben usar bozal. También se prohíbe el sacrificio de animales como método de control poblacional, las peleas de animales, el abandono y el adiestramiento para fomentar agresividad. El cuero legal a su vez establece sanciones con multas entre 1 a 30 UTM, además de penas de presidio e inhabilidad para la tenencia de animales de compañía en casos graves de maltratos.
Sin duda, significó un avance, el que ha sido frenado en los últimos tiempos tanto por la demora en la promulgación de sus 2 Reglamentos lo que dificulta su implementación por los Municipios y otros organismos del estado que tienen responsabilidad en su implementación.
Un pilar para poder sostener una política de tenencia responsable y control de la población de perros y gatos en el país ha sido el financiamiento a través del Ministerio del interior de programas de control de la natalidad, vacunaciones, desparasitaciones implementado tanto por municipios y organizaciones animalistas.
Hoy existe una tremenda controversia por el presupuesto de la Nación que reduciría en un 85,8% los recursos del Programa de Tenencia de Animales de Compañía (PTRAC) de la Subdere del Ministerio de Interior, bajando de $3.635 millones a $514 millones dejando en el desamparo a nuestros hermanos menores, proyectándose una verdadera crisis sanitaria animal que terminará con la mayoría de los programas de esterilización, vacunación, desparasitación y chipeo que se desarrollan actualmente.
La justificación para la reducción señalada por el actual Gobierno no tiene sentido porque pone como argumento la falta de rendición de los Municipios de los programas en ejecución, cuando debiera el propio Gobierno tomar mejores medidas de control y fiscalización tomando medidas como el condicionamiento de financiar nuevos proyectos si esos municipios no han rendido. Pero no castigar a los beneficiarios finales de estos programas, es decir a las familias mas vulnerables del país y nuestras mascotas perros y gatos.
Así no se avanza. Retrocedemos.
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