LOS ANDES (15/01/2025).- El abogado andino Ignacio Otazo Poblete fue incluido en la terna de la Corte Suprema para proveer el cargo de Juez de Contratación Pública, que fortalece el rol del Tribunal de Contratación Pública como instancia especializada para la resolución de conflictos entre los Poderes del Estado y los privados en un importante sector de la economía.
Ignacio Otazo es Master en Derecho de los Sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid, además posee dos diplomados en materia de contratación administrativa y compras públicas y se desempeña como Director de Control Interno de la Municipalidad de Los Andes hace más de 10 años.
El jurista señaló que “es para mí un orgullo que un profesional del Valle del Aconcagua haya sido nominado por la Corte Suprema para integrar la terna con la que se pretende realizar el nombramiento en esta importante función, ya que es un reconocimiento a la trayectoria y en definitiva promueve que no solo abogados de la capital sean parte de este tipo de instancias”.
Agregó que esta etapa de designación es producto de la reforma estructural más grande al sistema de compras públicas en Chile desde sus inicios en el año 2003 y fortalece los valores de la probidad y transparencia en la relación pública privada, “ya que en este sentido un porcentaje importante del PIB proviene de los contratos que celebra la administración para satisfacer necesidades públicas, de modo que la optimización de recursos y una adecuada selección de los proveedores permite concretar la finalidad propia del Estado”.
Juntamente con las reformas orgánicas que introduce la nueva regulación, uno de sus ejes fundamentales es el desarrollo económico local, generando mecanismos y procedimientos de contratación de proveedores de menor tamaño de las comunas y provincias en las cuales se ejecutará el gasto Fiscal, lo que permite que los fondos públicos queden en la zona y sirvan para potenciar mercados locales, generando entre otros beneficios un mayor nivel de empleabilidad. Asimismo, contiene una serie de incentivos que privilegian materias de alto impacto social, tales como el impulso a las empresas de menor tamaño, incluidas aquellas lideradas por mujeres, los proveedores locales, la descentralización y la sustentabilidad ambiental.
Ahora la nómina elaborada por el máximo Tribunal del país junto con todos antecedentes, pasarán al Presidente de la República, para que proceda a la designación del cargo.
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