No ha estado exenta de críticas la discusión respecto a cómo el reajuste de las tarifas eléctricas cambió súbitamente la proyección de inflación al alza el 2024 y 2025 del Banco Central (BC) y por tanto dejó cuasi-congelada la posibilidad de bajar la tasa de política monetaria (TPM) en lo que resta del año.
A lo que Hacienda demostró su desacuerdo porque señala que hay otros precios que simultáneamente bajan (dólar, combustibles). El BC señala que ellos pudieron recién calibrar esto porque ahora existe la información oficial del reajuste de las tarifas eléctricas. En un clásico paper, Lucas, economista de Chicago (1972) señala que los agentes económicos (en este caso es el BC) para hacer sus proyecciones utilizan toda la información pasada, presente y futura, y que por tanto que este disponible. Era obvio que las tarifas congeladas subirían (“la información si estaba disponible”), sobre todo si se aplazó en enero 2022. Y como dato para no soslayar; la deuda acumulada con el sector eléctrico alcanza al 2% del PIB por el no reajuste de las tarifas de distribución.
¿No debería haber alertado Hacienda (y Energía) al BC? ¿No debería haberlo prospectado el BC en forma anticipada (no ahora) en su análisis de escenarios de riesgo? Para eso, el discurso oficial es que la política monetaria se operativiza en un horizonte a 24 meses, tiempo suficiente para haber internalizado ex-ante estos reajustes venideros. El costo es que el traspaso de cambios en la TPM al mercado del crédito es gradual, y que la mantención de la actual TPM, puede ralentizar la actual recuperación de la economía, la que tiene aún una magra inversión. El BC no tenía opción, pero el timing no es el adecuado.
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