La renuncia de Natalia Ducó al Ministerio del Deporte, aceptada inmediatamente por el presidente Kast, requiere una lectura que va más allá del uso inapropiado de un vehículo fiscal y su participación junto a su equipo en una fiesta y karaoke. Es, sobre todo, un problema de probidad.
El artículo 8 de la Constitución establece que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad. Por su parte, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado señala que esta implica observar una conducta intachable, un desempeño leal y honesto, y la preeminencia del interés general sobre el particular. No es solo una buena práctica ética, sino un deber jurídico de toda persona que ejerce poder público.
Desde este punto de vista, la salida de Ducó es correcta. No solo por la utilización inapropiada de recursos públicos, sino porque la respuesta oficial que el Ministerio entregó a la Contraloría, calificando los hechos como una “reunión de trabajo”, fue desmentida por un registro audiovisual. Es decir, se entregó información que no correspondía con lo ocurrido.
Sin embargo, no debemos olvidar la secuencia de los hechos. Cuando el caso se hizo público, la primera reacción fue bajarle el perfil. Solo cuando la evidencia resultó incontrastable y la contradicción entre el informe y el video se volvió insostenible, la presión precipitó la renuncia, arrastrando también al subsecretario Otero, quien firmó el oficio enviado a Contraloría. En este caso, la probidad no operó inicialmente como estándar de conducta, sino como una reacción obligada frente a la crisis.
Aquí aparece el problema de fondo. Estamos ante la tercera salida ministerial, sumándose a Sedini y Steinert, además de numerosas renuncias de altos personeros de la administración central y regional. Un ministerio o subsecretaría no son premios, favores o compensaciones políticas. Implican responsabilidades en la conducción del Estado que afectan el bienestar de millones de personas y, por tanto, exigen idoneidad, capacidad y estándares especialmente elevados.
Por ello, la discusión tampoco debería agotarse en determinar si correspondía aceptar la renuncia de una ministra. El verdadero desafío está en los mecanismos previos: cómo se seleccionan las autoridades, qué estándares se les exigen y de qué manera se supervisa su actuación. La probidad pierde parte de su sentido cuando solo aparece como respuesta frente a hechos consumados.
El Gobierno queda en un pie incómodo. Las salidas de Ducó y Otero descomprimen la controversia, pero también evidencian una conducción de crisis fundamentalmente reactiva. Lo que los ciudadanos esperan es cuidado al designar autoridades, estándares claros para evaluar su adecuación al principio de probidad y capacidad para aplicarlos desde el inicio, no cuando el escándalo ya resulta imposible de minimizar.
El costo del caso Ducó es doble. Políticamente, entrega nuevos argumentos a una oposición que interpretará lo ocurrido como otra señal de improvisación. Institucionalmente, episodios de esta naturaleza erosionan algo bastante más difícil de recuperar que un cargo ministerial: la confianza de los ciudadanos en las instituciones republicanas y democráticas.
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