Abril es el mes de la Convivencia Escolar en Chile, pero las cifras que nos golpean este 2025 nos invitan más a la preocupación que a celebrar. ¿Podemos hablar de escuelas seguras cuando miles de estudiantes y docentes conviven diariamente con la violencia? ¿Qué hacemos como sociedad para detener este espiral que debilita vínculos, erosiona la autoridad pedagógica y siembra miedo en espacios que deberían cultivar el respeto?
Los datos no mienten: según la Superintendencia de Educación, las denuncias por maltrato entre estudiantes aumentaron un 38% en 2022. El reciente informe "Sin Miedo en la Escuela” reveló que el 84% de los estudiantes ha presenciado bullying, pero casi la mitad de las víctimas decide no denunciar. El silencio se ha vuelto norma. Y en ese silencio, se pierde también la confianza en el sistema.
¿Dónde está la ley que protege verdaderamente la convivencia en las escuelas? Hoy más que nunca necesitamos una normativa que articule estrategias preventivas, pedagógicas y restaurativas. Que dialogue con otras leyes como la Ley TEA. Porque no podemos hablar de inclusión si no existen condiciones mínimas de respeto y cuidado para todos. No basta con buenas intenciones ni con afiches en los pasillos. La convivencia no se decreta, se construye. Y para ello se necesita voluntad política, liderazgo escolar y una legislación urgente que devuelva a las comunidades educativas su capacidad de escucharse y de sanar.
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