LOS ANDES (21/06/2023).- Preocupación ha generado en la comunidad educativa del Colegio Marista de Los Andes - Instituto Chacabuco el desacuerdo existente entre la Fundación Educacional y el Sindicato de Trabajadores de Empresa Instituto Chacabuco (Setich), lo que está directamente relacionado al no haberse pagado el reajuste de los sueldos conforme al IPC, deuda comprendida desde septiembre de 2022 a mayo de 2023 que asciende a los $300 millones, y con el Contrato Colectivo.
El conflicto está repercutiendo en el futuro del centenario establecimiento educacional andino y primero del país fundado en 1911 por la Congregación de los Hermanos Maristas, por cuanto han surgido anuncios de un posible término y que la propia rectoría lo ha señalado en una citación con carácter de urgente para sostener una asamblea de padres y apoderados para el próximo miércoles 28 de junio, señalando que la situación que les aqueja por la negociación sindical “podría significar llevar a la insolvencia al instituto y cerrar sus puertas definitivamente”.
Ante el actual escenario, el Sindicato de Trabajadores, que preside la profesora Claudia López Vargas, emitió un comunicado por el que se dirigen a la comunidad del establecimiento con el fin de poder aclarar, a través de seis puntos, una serie de informaciones y rumores que, se indica, “nos relaciona directamente con un posible cierre del colegio”.
Congelamiento de sueldos y promesa de reajuste.
En primer término, explican que la creación del sindicato se realizó hace más de un año y fue en respuesta “al no cumplimiento de un compromiso de palabra” que la Congregación tenía con los funcionarios.
“Durante la pandemia, en septiembre de 2020, la Congregación solicitó a los funcionarios del colegio el congelamiento de sus sueldos para el año 2021, pensando en el alto índice de morosidad de los apoderados y en la situación que todo el país enfrentaba. Se nos prometió que el año 2022 se iniciaría con el reajuste correspondiente, cosa que finalmente no se cumplió. No hubo más explicaciones, por tanto, un grupo de funcionarios se organizó en un sindicato para que toda situación futura pudiera revisarse como corresponde”.
Se agrega que una vez conformada la organización sindical se dio inicio a la planificación de la creación de un proyecto de Contrato Colectivo, considerando una serie de beneficios para los funcionarios.
“Cuando esto se creó se hizo pensando en la Negociación Colectiva Reglada, es decir, en poder ir conversando y llegando a acuerdos en torno al contrato. Cuando la negociación colectiva se inició, el directorio junto con el equipo colegial se sentó a negociar los puntos. El primer resultado fue negativo en todos sus puntos, es decir, el colegio señaló que no podía cumplir ninguna de las solicitudes presentadas”.
Paralelamente, y dentro de las normas del Código del Trabajo, el sindicato y su equipo asesor presentaron una reclamación a la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, ya que la respuesta del colegio al proyecto de contrato colectivo “era insuficiente y no cumplía con lo que la ley exige”.
Durante varias instancias la Inspección del Trabajo solicitó al establecimiento educacional regularizar su respuesta, “cosa que no quisieron realizar y ante la negativa del colegio al no responder nuestro proyecto conforme a la ley, la Inspección resolvió nuestra reclamación y esto tuvo como consecuencia que quedó como Contrato Colectivo nuestro proyecto, lo cual ocurrió a fines del mes de septiembre de 2022”.
Colegio decidió judicializar el proceso.
Una vez oficiada esta situación -se hace presente en el comunicado- el Colegio Marista decidió judicializar el proceso al demandar a la Inspección del Trabajo con el objeto de reclamar en contra de la resolución dictada por dicho organismo y, con ello, dejar sin efecto el contrato que para la ley ya estaba vigente.
“Esto se realiza en el mes de noviembre con fecha de juicio para enero. Cabe señalar que durante todos esos meses el colegio no validó el contrato y, por tanto, no pagó ninguno de los beneficios asociados. La Inspección del Trabajo fiscalizó al colegio evidenciando los incumplimientos al contrato colectivo vigente”.
Se añade que el juicio en el Tribunal Laboral de Los Andes se realizó en enero de este año y el fallo fue favorable a la Inspección del Trabajo y a la organización sindical. “En otras palabras, se volvía a reconocer la validez del contrato colectivo, ya que el tribunal rechazó la reclamación del colegio”, se sostiene.
Frente a esta resolución judicial el colegio decidió interponer un recurso de nulidad en contra de la resolución del juez del Trabajo, esta vez recurriendo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para anular el fallo ya dictado.
“Esta nueva instancia se realiza en el mes de febrero y la audiencia se llevó a cabo en el mes de mayo. La resolución de la Corte de Apelaciones fue rechazar el recurso interpuesto por el colegio, dando la razón nuevamente a la Inspección del Trabajo de Los Andes y a la organización sindical”, se indica de manera categórica.
El Setich hace presente que desde que salió la resolución de la Corte de Apelaciones se ha estado disponible para avanzar en esta situación, reconociendo el establecimiento la validez del contrato colectivo, pero negándose a dar cumplimiento al mismo.
“Hoy, sin pagar un peso del nuevo contrato colectivo, se quiere hacer creer a la comunidad que es la organización sindical la responsable de un posible cierre del colegio. Esta es una decisión de la Fundación, son ellos los que administran el colegio de la forma en que lo hacen, donde, por ejemplo, según los datos entregados por ellos, pese al sacrificio que todos hicimos en plena pandemia, el reajuste a los valores por concepto de costo de arriendo de las instalaciones donde funciona la Fundación Educacional, cuya propiedad pertenece a la Congregación, se mantenía intacto”, se argumenta.
Inquietudes sindicales.
La organización dice en el documento que el colegio ha señalado que es el sindicato el que se ha negado a conversar respecto de los aspectos económicos y financieros del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y en particular del impacto de éste en la realidad del Colegio.
Es por ello que aclaran que el equipo sindical se ha sentado a la mesa de negociación en más de una oportunidad, y en la última reunión sostenida el pasado jueves 15 de junio se le presentaron a la administración del colegio inquietudes sindicales respecto de cerca de $1.000 millones que aparecen en los “Estados de Resultados”, como aumento en partidas de “costos de venta”, “gastos administrativos” y “movimientos del período”, sin obtener una respuesta clara respecto del por qué o la razón de este aumento de “egresos”, informados por el mismo establecimiento.
“Estos cambios abruptos en los egresos históricos del colegio no fueron explicados ni justificados, y sólo denotan que quienes lideran no están dispuestos a mejorar o transparentar la gestión, sin embargo, están dispuestos a presentar cifras poco claras para intimidar y amedrentar, sin sustento alguno”, advierten.
Pago de arriendo a la Congregación de los Hermanos Maristas.
Más adelante agregan que además de estas cifras, también se le presentó al colegio la inquietud respecto del “arriendo” que la Fundación Educacional le paga a la Congregación de los Hermanos Maristas por el uso de la infraestructura del colegio.
El sindicato detalla que dicho monto “el año 2022 superó los $700 millones, y que este 2023 se proyecta en casi $800 millones (según presupuesto entregado por el mismo colegio), y cabe señalar, que acá tampoco hubo respuesta a las consultas relacionadas al por qué de estos aumentos sostenidos ($100 millones en un año), que más aún la propia Fundación se debe encargar de realizar reparaciones a la infraestructura (es decir, la Congregación sólo cobra arriendo, pero no se encarga de mantener), por una suma superior a $183 millones destinados a esta “mantención general” proyectada este 2023, que asume la Fundación.
Se indica, a la vez, que este pago de arriendo se mantuvo durante todo el período de pandemia “donde los trabajadores/as tuvimos que hacer diferentes esfuerzos humanos y económicos, y sin embargo, la Congregación nunca dejó de percibir estos arriendos con crecimiento anual injustificado. Por lo tanto, ante todas estas interrogantes y análisis planteados, a los cuales el colegio no fue capaz de responder, considerando además que el costo del contrato colectivo completo del sindicato es menor, tanto al aumento de los ingresos informados como al arriendo que la Fundación paga a la Congregación, es que como organización sostenemos y estamos convencidos, que de ninguna manera existe, en este escenario, inviabilidad del colegio”.
Exigen cumplimiento de obligaciones adeudadas.
Finalmente, manifiestan que como organización sindical están dispuestos a conversar, pero “previo cumplimiento a las obligaciones adeudadas y en base a lo que está formalmente reconocido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y no en base a un documento impuesto por el colegio, que no reconoce en nada los intereses de nuestros socios/as”.
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