LOS ANDES (09/03/2020).- Un certero golpe en la cabeza dado por la espalda fue lo que terminó con la vida del interno del Centro de Rehabilitación de Drogas Crehad Víctor Urbina Quevedo (45), homicidio ocurrido el lunes de la semana pasada.
Luego que el autor del crimen identificado como Marcelo Andrés Toro Covarrubias (27) se entregara a la Policía de Investigaciones, su detención fue ampliada por el máximo del plazo legal, toda vez que no se había podido realizar la autopsia al cuerpo de la víctima al no existir médico forense en Aconcagua, debiendo esta finalmente ser realizada en el Servicio Médico Legal de Quillota.
Luego ser puesto en manos del Juzgado de Garantía, el fiscal Fabián Garrido lo formalizó por el delito de homicidio, entregando detalles de este crimen que a todas luces resultó un sinsentido.
El persecutor señaló que el día 2 de marzo a eso de las 21:30 horas la víctima y el imputado comenzaron una riña que finalizó minutos después.
"Posteriormente cuando el imputado se encontraba sentado en una silla, la víctima lo toma y le tira unos puntazos con un cuchillo que le causaron lesiones en una mano, retirándose luego. En ese momento Marcelo Toro se levanta y mientras la víctima se retiraba del lugar dándole la espalda, el imputado toma un trozo de madera 3 por 3 pulgadas y un metro 20 centímetros de largo con el que comienza a darle golpes en la cabeza a David Urbina, cayendo este al suelo donde comenzó a convulsionar y botar sangre por la nariz, boca y oídos", relató el persecutor.
Tras el ataque el agresor se dio a la fuga, mientras la víctima fue trasladada directamente hasta el Hospital San Camilo de San Felipe donde dejó de existir la mañana del día siguiente a causa de un tec abierto "complicado compatible con golpe con objeto contundente de tipo homicida".
Si bien Toro Covarrubias no tiene antecedentes penales, el fiscal pidió la medida cautelar de prisión preventiva, dada la pena de crimen que tiene el delito de homicidio, lo cual hará que en caso de ser condenado su cumplimiento sea efectivo, ya que parte en 10 años y un día de presidio.
No obstante, la Defensora Pública María Isabel Montenegro se opuso, argumentando que su representado fue primero agredido con un arma blanca por la víctima y su actuación correspondía a una legítima defensa, además de haberse entregado voluntariamente a la policía y aportado al esclarecimiento del hecho.
Oídos los argumentos, el Magistrado Daniel Chaucón tomó en cuenta la gravedad del delito y desestimó la legítima defensa esgrimida por la defensa, estimando que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón lo por la cual decretó su ingreso a la cárcel por los tres meses que durará la investigación.
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