La orden de la Subtel a las empresas de telecomunicaciones de bloquear 42 sitios de apuestas online que operan al margen de la ley es una buena noticia. Cumple un fallo de la Corte Suprema y pone al Estado, por una vez, del lado del ciudadano y no del negocio. Conviene celebrarla. Pero sería un error confundir un primer golpe con una victoria.
Las casas de apuestas en línea no son un entretenimiento más. Son plataformas diseñadas para capturar atención y dinero mediante notificaciones, bonos de bienvenida, apuestas “en vivo” y promesas de ganancias fáciles. El resultado puede ser la ludopatía, una enfermedad capaz de destruir ahorros, familias y proyectos de vida.
Las cifras chilenas son elocuentes. Un estudio del Centro Walnut estima que el 8,3% de la población tiene problemas con el juego y un 3,6% cumple criterios de ludopatía. Entre los jóvenes, la investigación “Pantallas que atrapan” (2025) detectó que uno de cada siete escolares y universitarios apostó online durante el último año, con una edad de inicio promedio de apenas 15 años y medio.
A esta maquinaria se suma una publicidad omnipresente. El fútbol chileno se llenó de marcas de apuestas en camisetas, estadios y transmisiones, normalizando el juego frente a audiencias masivas, incluidos menores. Se instaló la idea de que apostar es parte natural de ver un partido. No lo es. Es un anzuelo.
Conviene también mirar el problema desde el derecho comercial. Estamos frente a un modelo de negocio insostenible, no porque no genere utilidades, sino porque socializa sus costos. Privatiza las ganancias y traspasa a la sociedad sus externalidades: la ludopatía que atienden los sistemas de salud, las familias que se endeudan y la formación que se interrumpe. Ninguna industria que necesita de la adicción para sostener sus ingresos puede reclamar seriamente una licencia social para operar.
Por eso el bloqueo importa: interrumpe el acceso, dificulta la operación y demuestra que la ley puede hacerse cumplir. Pero no basta. Varias plataformas pueden reaparecer mediante dominios “espejo”. El juego ilegal es una hidra digital: cortar una cabeza no detiene al monstruo.
La respuesta debe sostener el bloqueo y perseguir rápidamente nuevos dominios, pero también cerrar el flujo de dinero hacia estas plataformas. A ello debe sumarse una regulación con licencias estrictas, verificación de identidad, límites de depósito, mecanismos de autoexclusión y restricciones reales a la publicidad, especialmente aquella que alcanza a menores.
El bloqueo demuestra que el Estado puede actuar cuando existe voluntad. Ahora debe demostrar que esa voluntad será constante. Frente a un negocio que lucra con la adicción y puede mutar de dominio en dominio, bloquear es apenas el comienzo. La verdadera pelea es evitar que siga encontrando nuevas formas de llegar a sus víctimas.
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