La Cámara de Diputados discute el proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). En su redacción actual, establece que cada colegio podrá participar en el proceso de asignación en uno de dos regímenes, según haya tenido o no sobredemanda en el año anterior: elección mutua o asignación aleatoria. Este diseño genera un sistema secuencial en el cual aquellos establecimientos más demandados tendrán prioridad para seleccionar postulantes mediante una serie de lineamientos para determinar la adhesión al proyecto educativo. Quienes no sean seleccionados en esta etapa, podrán reordenar sus preferencias antes de que se aplique el mecanismo de asignación aleatoria.
Permitir estas dos modalidades introduce múltiples cuestionamientos. Primero, erosiona la eficiencia del sistema actual, el cual asigna maximizando las preferencias de los estudiantes bajo reglas a prueba de estrategias. Al separarlo, las familias pueden anticipar escenarios y postular estratégicamente, en lugar de declarar sus opciones más preferidas.
Segundo, podría reintroducir arbitrariedades bajo la etiqueta de adhesión al proyecto educativo. Existen fuertes incentivos para que los colegios seleccionen a los estudiantes con mayor potencial académico y descarten a aquellos con menor capital cultural o con problemas conductuales. Distinguir entre criterios discrecionales y una genuina falta de afinidad con el proyecto educativo no parece sencillo.
Tercero, aumenta significativamente el costo de postular. De acuerdo con los datos del SAE, entre 2019 y 2025, cada postulante incluyó en promedio 3,4 colegios en su lista y un 19% postuló a cinco o más. Si cada escuela sobredemandada puede evaluar la idoneidad del postulante —y su familia— mediante entrevistas o participación en reuniones informativas, sumar un nuevo establecimiento implica un esfuerzo adicional, lo cual será más costoso para familias con restricciones de tiempo para dedicar al proceso de búsqueda y postulación.
El diagnóstico del Ejecutivo para reformar el SAE se puede resumir en dos ejes. Por una parte, el sistema no reconocería el valor de que estudiantes y familias se alineen con los proyectos educativos, un punto relevante en colegios de alta exigencia. Por otra parte, un gran número de estudiantes que postulan a escuelas altamente demandadas son asignados con reglas de aleatoriedad, generando frustración en las familias.
El primer eje es corregible utilizando la arquitectura actual. Tal como recomendó la Mesa Técnica del SAE, es posible modificar el diseño de prioridades y cuotas —por ejemplo, reservando un mayor porcentaje para alumnos de alto rendimiento o con necesidades educativas especiales— utilizando el mismo algoritmo, e incluso habilitar una mayor selección en establecimientos y niveles específicos. El segundo eje revela el asunto de fondo: la escasez de oferta de calidad. Sólo un tercio de los establecimientos presenta más postulantes que vacantes. Permitir que los colegios más demandados tengan prioridad para escoger no resuelve esta brecha, puesto que no aumenta el número de cupos; simplemente cambia la forma en que se asignan.
Existe consenso técnico sobre las mejoras que deben realizarse al SAE tras diez años desde el inicio de su implementación. Los cambios propuestos por el Ejecutivo no van en la línea de otorgar mayor legitimidad al sistema y, a su vez, no apuntan a resolver el desafío estructural: la baja oferta de calidad en la educación pública. Esta es la principal tarea en la cual todos los esfuerzos deberían estar enfocados.
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