En un período de renta anual, la infraestructura tecnológica del Servicio de Impuestos Internos (SII) no puede fallar. No porque tenga que cumplir con las expectativas de los usuarios, sino porque es una obligación institucional y un derecho de los contribuyentes.
Cuando esto no ocurre, como se evidencia hoy en los errores del Asistente de la Declaración Jurada 1948, las inconsistencias en la DJ 1879 de honorarios y la incertidumbre que ya se proyecta para la presentación del Formulario 22, el problema deja de ser una simple contingencia informática.
En estas condiciones, nos enfrentamos a un riesgo sistémico que afecta la recaudación, la seguridad jurídica y la confianza en la administración tributaria. En Chile, la Operación Renta constituye el proceso más crítico del año en materia de cumplimiento fiscal. Su diseño descansa en un principio básico: que el contribuyente —ya sea persona natural o empresa— pueda confiar en que la información precargada es correcta, que los asistentes funcionan conforme a la normativa vigente y que los cálculos automáticos reflejan fielmente sus obligaciones tributarias.
Cuando el sistema no está a la altura, el costo lo asume siempre el contribuyente. Estas fallas no solo generan retrasos, sino que también inducen a errores. Tener que revisar manualmente datos que deberían estar conciliados por el propio SII no es algo menor, ya que profesionales y empresas se exponen a futuras rectificaciones, fiscalizaciones injustificadas y eventuales sanciones derivadas de información que el sistema debía controlar.
Cada hora dedicada a revisar inconsistencias es una hora que los equipos contables, tributarios y administrativos del país dejan de destinar a sus funciones estratégicas. Además, cuando la plataforma oficial presenta errores en la base de cálculo de las declaraciones juradas, se pone en riesgo la integridad del proceso de recaudación.
La información que alimenta el Formulario 22 —y, por ende, la determinación del impuesto anual— queda contaminada desde su origen. Esto afecta la calidad de los datos, la oportunidad de la recaudación y la capacidad del propio SII para fiscalizar con criterios consistentes.
Un sistema tributario que exige cumplimiento estricto no puede permitirse inconsistencias en sus propias herramientas. Más aún cuando la ciudadanía no tiene alternativas, ya que está obligada por ley a rendirle cuentas al SII.
El Estado tiene el deber de garantizar disponibilidad, estabilidad y exactitud con transparencia inmediata. Esto significa que el organismo fiscalizador debe informar con claridad el origen de los errores, los plazos reales de corrección y las medidas de contingencia que protegerán a los contribuyentes de eventuales sanciones derivadas de fallas del sistema.
La Operación Renta no es un simple trámite administrativo; es el corazón del financiamiento público. Pero cuando falla, el daño no es solo técnico, sino también institucional. Chile necesita un sistema tributario robusto, confiable y predecible. Hoy, lamentablemente, no lo está teniendo.
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