Chile vuelve a aplazar una decisión que ya debió haber tomado hace años. El anuncio del Ministerio de Educación de postergar hasta 2030 la nueva estructura curricular —seis años de Educación Básica y seis de Educación Media— no es solo una medida técnica ni un gesto de prudencia. Es una señal de vacilación política frente a una reforma que toca el corazón mismo del sistema escolar. La educación chilena no está agotada de cambiar; está agotada de no decidir.
Conviene decirlo con honestidad: el fundamento pedagógico de la medida es correcto. Las bases curriculares chilenas han avanzado hacia una organización por ciclos vitales, reconociendo que el aprendizaje se vincula al desarrollo biológico, psicológico y social de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, separar Educación Básica y Media no es un capricho administrativo, sino una decisión coherente con el desarrollo humano (MINEDUC, 2023). Séptimo y octavo básico ya no dialogan con una básica pensada para la infancia temprana; pertenecen a otra etapa, a otro lenguaje escolar.
No sería la primera vez que Chile reorganiza su sistema educativo según las necesidades del país. En la reforma impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, la creación de una Educación Básica de ocho años respondió a un objetivo claro: ampliar cobertura y asegurar escolaridad mínima en un país que aún no garantizaba acceso a la educación media. Hoy el desafío es distinto, pero igual de estructural: otorgar coherencia a las trayectorias educativas en una sociedad que ya no es la de los años sesenta.
La explicación oficial —que el sistema “no está en condiciones”—, expresada por la subsecretaria Alejandra Arratia en declaraciones a Radio ADN, revela una verdad tan evidente como inquietante: Chile lleva décadas diagnosticando sus problemas educativos, pero sigue postergando las decisiones que exigen transformaciones profundas. La pregunta incómoda no es por qué se aplaza el cambio, sino cuántas veces más se seguirá aplazando en nombre de una preparación que nunca llega.
El punto crítico no está en el currículum, sino en la implementación. Para los liceos, la incorporación de séptimo y octavo no constituye el principal conflicto. El verdadero impacto se produce en las escuelas básicas, que concentran hoy estos niveles con plantas docentes completas, horas asignadas y contratos vigentes. Una transición mal planificada podría dejar al sistema con sobredotación de profesores de Educación Básica, mientras muchas comunas carecen de docentes de enseñanza media para absorber estos cursos. La consecuencia sería grave: profesores desplazados en un sistema que, paradójicamente, declara escasez.
La evidencia internacional es clara. Las reformas fracasan cuando no consideran la gestión del capital profesional docente ni las capacidades reales de los territorios (OCDE, 2022). Transformar la escuela sin cuidar a quienes la sostienen es una receta conocida para el desgaste institucional (UNESCO, 2021). Y sin una visión de largo plazo, las reformas terminan convertidas en promesas que envejecen antes de nacer (OEI, 2020).
Decirle adiós a séptimo y octavo básico no era un gesto simbólico. Era una declaración ética y pedagógica: poner el desarrollo de niños, niñas y jóvenes en el centro del sistema. Postergar esta decisión solo será responsable si va acompañada de planificación seria, políticas de transición laboral y una apuesta clara por el profesorado como actor principal del cambio. De lo contrario, el aplazamiento no será prudencia, sino una nueva forma de abandono. Porque cuando la educación posterga sin convicción, no protege a sus estudiantes ni a sus docentes: los deja esperando. Y el futuro, a diferencia de las reformas, no concede prórrogas indefinidas.
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