Nuestro país está expuesto de manera recurrente a catástrofes naturales como terremotos, incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas y eventos climáticos extremos que forman parte de nuestra realidad. En estos escenarios, la respuesta humanitaria no puede limitarse únicamente a la atención de lesiones visibles o necesidades básicas inmediatas. Existe un ámbito crítico que ha sido históricamente invisibilizado: la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
La evidencia internacional es clara. Cuando los servicios de salud sexual y reproductiva se interrumpen en contextos de crisis, aumenta de manera significativa la morbimortalidad materna y neonatal. Según el informe Salud sexual y reproductiva (incluido el VIH) del Grupo Interagencial sobre Salud Reproductiva en Crisis Humanitarias (IAWG), aproximadamente el 60 % de las muertes maternas evitables y cerca del 50 % de las muertes neonatales ocurren en contextos de conflicto armado, desplazamiento forzado o desastres naturales.
La matronería cumple un rol esencial e irremplazable en este contexto, al ser la profesión específicamente formada para garantizar una atención integral, continua y basada en derechos en salud sexual y salud reproductiva, incluso en escenarios de alta vulnerabilidad.
Muchas veces y de manera errónea, la entrega de métodos anticonceptivos se asocia únicamente a las relaciones sexuales. Sin embargo, la anticoncepción es una intervención sanitaria esencial en contextos de crisis. El Minimum Initial Service Package (MISP), estándar humanitario reconocido internacionalmente, establece que la disponibilidad inmediata de métodos anticonceptivos es una prioridad desde las primeras 48 horas de una emergencia, no solo para prevenir embarazos no planificados, sino también para regular ciclos menstruales, manejar sangrados anormales y tratar condiciones ginecológicas que impactan directamente en la salud física y mental.
Asimismo, la evidencia recogida en crisis humanitarias previas demuestra que la suspensión de los servicios de planificación familiar se asocia a aumentos de embarazos adolescentes, mayor exposición a violencia sexual, abortos en condiciones de riesgo y deterioro de la salud mental, especialmente en jóvenes y adolescentes.
Cuando el acceso a agua potable y electricidad se ve severamente limitado, la lactancia materna se convierte en una estrategia de supervivencia. Las directrices internacionales coinciden en que su promoción y apoyo activo reducen significativamente el riesgo de infecciones, desnutrición y mortalidad infantil, además de fortalecer el vínculo madre-hijo y la salud mental materna.
Los Estándares de Competencias Esenciales para la Práctica de la Matronería del International Confederation of Midwives (ICM) establecen que las matronas y matrones están formados para prevenir la violencia sexual, reducir la mortalidad materna y neonatal, asegurar la continuidad de la anticoncepción y garantizar una atención respetuosa e inclusiva en contextos de crisis. No integrar a la matronería en los equipos de emergencia no es una decisión neutra, pues pone en riesgo vidas, profundiza desigualdades y vulnera derechos humanos fundamentales.
En la Universidad Andrés Bello, la formación de matronas y matrones incorpora explícitamente el enfoque de derechos en contextos de vulnerabilidad, incluyendo catástrofes naturales. Esta formación prepara profesionales capaces de responder cuando el sistema se fractura.
La evidencia es contundente y, por eso, la salud sexual y salud reproductiva no puede postergarse en emergencias. Chile debe avanzar hacia planes de respuesta que integren de manera estructural a la matronería en la planificación, respuesta inmediata y recuperación post-crisis, garantizando la continuidad de cuidados y la protección de derechos. Porque en contextos de catástrofe, la matronería es garante de derechos y de continuidad de cuidados.
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