Los devastadores incendios que han marcado nuevamente a nuestro país no son solo una tragedia ambiental y humana. Son también una señal clara —y evitable— de que allí donde no existe una regulación precisa y una planificación efectiva, el mercado no opera necesariamente bajo lógicas orientadas al bien común. Así lo evidencian plantaciones forestales que avanzan hasta el límite urbano sin medidas adecuadas de protección, o desarrollos inmobiliarios que se emplazan en zonas de riesgo sin considerar mitigaciones esenciales.
En estos espacios, la normativa aparece difusa y la planificación territorial pierde fuerza, dejando escasas herramientas para ejercer control real. Cuando el Estado interviene, suele hacerlo de manera reactiva y tardía. Los desalojos mediáticos de asentamientos informales son un ejemplo elocuente: situaciones que podrían haberse abordado mucho antes, evitando que la precariedad habitacional, la informalidad o el negocio ilegal del suelo se consolidaran en territorios altamente vulnerables.
Este no es un problema aislado ni circunstancial. Es un problema de Estado que se vuelve especialmente visible frente a catástrofes como incendios, aluviones, socavones o maremotos. Pero existen también riesgos menos evidentes que avanzan de forma silenciosa: la degradación de humedales, la presión sobre parques dunares y la pérdida progresiva de ecosistemas esenciales. Todos ellos, tarde o temprano, generan impactos profundos sobre la seguridad, la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestro territorio.
Más allá de cualquier mirada ideológica, estas no son hipótesis teóricas. Sus consecuencias ya están presentes en la vida cotidiana de miles de personas. Frente a cada crisis, reaparece la falsa dicotomía entre desregulación total o control estatal absoluto. Sin embargo, desafíos de esta complejidad exigen enfoques equilibrados, capaces de resguardar a las personas y al territorio sin paralizar el desarrollo económico ni la inversión responsable.
Lo que se necesita no es necesariamente un Estado más grande, sino un Estado más robusto en su capacidad de planificar, coordinar y fiscalizar. Un Estado que actúe antes del desastre y no únicamente después. En este sentido, resulta evidente que muchas instituciones públicas han alcanzado niveles relevantes de sofisticación tecnológica. Servicios como el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Electoral demuestran que la gestión eficiente de información es posible.
Pensar en un cruce inteligente de datos entre estas y otras entidades no solo es deseable, sino imprescindible para una planificación territorial moderna y una gestión de riesgos efectiva. La coordinación interministerial e intersectorial, integrando información de ministerios y municipios, permitiría anticipar conflictos, ordenar el crecimiento urbano y reducir significativamente la exposición a riesgos.
Debemos asumir con realismo que no somos un país rico, que nuestra historia comienza mucho antes de la colonización, que dependemos de relaciones exteriores complejas y que nuestra geografía nos define. Desde esa identidad —y no desde modelos ajenos— debemos repensar cómo queremos desarrollarnos como sociedad.
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