A fines de enero se conmemora el Día de la Educación Ambiental, instancia que invita a reflexionar sobre el papel de la formación ambiental en un contexto de crisis ecológica global. La educación ambiental no debiera limitarse a una fecha ni a gestos simbólicos, sino consolidarse como una práctica permanente, cotidiana y transformadora, orientada a formar ciudadanía capaz de enfrentar los desafíos ambientales actuales y no solo a aliviar momentáneamente la conciencia colectiva.
En Chile, durante la última década se han registrado avances importantes, como el respaldo legal de la Ley 19.300, políticas públicas actualizadas, programas específicos y la existencia de cerca de 2.500 establecimientos con Certificación Ambiental al 2025. También destacan iniciativas pedagógicas innovadoras y comunidades educativas comprometidas con la sostenibilidad. Sin embargo, estos progresos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis climática.
La implementación de la educación ambiental es profundamente desigual. Su desarrollo depende muchas veces del territorio, del proyecto educativo institucional y de la motivación personal de docentes y equipos directivos, más que de una política educativa sólida y sostenida. Mientras algunos establecimientos la integran como eje central, otros la reducen a acciones aisladas, como reciclaje o huertos escolares, que suelen abandonarse por falta de planificación y apoyo.
La urgencia climática exige formación crítica, continuidad y coherencia. Aunque existen experiencias significativas, estas siguen siendo fragmentadas y dependientes de voluntades individuales, sin garantías de permanencia, calidad ni evaluación. Además, diversas investigaciones muestran que el contacto temprano y sostenido con la naturaleza favorece el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, y que el vínculo con el entorno es clave para su protección. Cuando la naturaleza queda fuera de la experiencia cotidiana, la crisis ecológica se vuelve abstracta y distante.
La formación docente constituye otro desafío estructural. Se espera que educadores aborden temas complejos como cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y justicia ambiental, muchas veces sin preparación suficiente ni actualización continua. La educación ambiental requiere comprender las causas estructurales de la crisis y contar con herramientas pedagógicas para abordarla desde una perspectiva crítica y territorial.
También persiste el riesgo de reducirla a cambios conductuales individuales, como el énfasis excesivo en el reciclaje, sin cuestionar los modelos de producción y consumo que originan el problema ni promover transformaciones más profundas, como la reducción de residuos y estilos de vida sostenibles.
El rol del Estado es clave: se necesita mayor articulación interinstitucional, recursos, formación docente sistemática y evaluación efectiva de políticas públicas. La educación ambiental debe ser una herramienta de empoderamiento ciudadano y no un privilegio.
Finalmente, el lema 2026, “Tecnología con conciencia. Reutilizar y reacondicionar para frenar el impacto ambiental”, invita a reflexionar sobre el contraste entre el uso intensivo de tecnología y el escaso contacto con la naturaleza. La educación ambiental no es solo un contenido curricular, sino una forma de habitar la Tierra. Educar con conciencia es un acto de responsabilidad ética y de cuidado colectivo.
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