Cada vez que se publican los resultados de la PAES, el ritual se repite con una precisión inquietante. Titulares que celebran a los “mejores colegios”, rankings que se difunden sin contexto y una narrativa implícita —pero poderosa— que asocia puntajes altos con mérito, calidad y excelencia. Sin embargo, basta observar con atención los datos para constatar una verdad incómoda: la PAES no mide talento en condiciones de igualdad; mide, ante todo, la segregación estructural de nuestro sistema educativo.
Los resultados de los cien colegios con mejores promedios en la PAES lo confirman con crudeza. La abrumadora mayoría, 99, corresponde a establecimientos particulares pagados. Solamente 1 colegio municipal entre 100 es casi testimonial. ¿De verdad creemos que el talento, el esfuerzo y la capacidad intelectual se distribuyen de manera tan desigual entre niños y jóvenes según su origen socioeconómico? La respuesta es evidente. Lo que está distribuido de forma desigual no es el talento, sino las oportunidades.
He sostenido reiteradamente desde hace muchos años, y lo reitero hoy, que la PAES, antes con otros nombres, tal como está concebida y, sobre todo, tal como es utilizada, funciona más como un instrumento de clasificación social que como una herramienta justa de acceso a la educación superior. No es una prueba neutra. Evalúa trayectorias educativas profundamente desiguales, acumuladas durante doce o más años de escolaridad, en contextos donde el acceso a buenos docentes, materiales, apoyo familiar, capital cultural y preuniversitarios marca una diferencia decisiva.
El problema no es la existencia de una prueba estandarizada en sí misma. El problema es la pretensión de que sus resultados reflejan mérito individual, desconectados de las condiciones estructurales en que esos estudiantes han vivido y aprendido. Cuando se publican rankings absolutos y se los presenta como sinónimo de “calidad educativa”, se termina naturalizando la desigualdad y legitimando un sistema que premia el punto de partida más que el recorrido.
Más grave aún, esta lógica envía un mensaje corrosivo a miles de jóvenes talentosos que no logran altos puntajes: que el problema son ellos, su esfuerzo o su capacidad, y no un sistema que los dejó atrás mucho antes de sentarse a rendir la prueba. Esa es una forma sutil, pero profunda, de injusticia educativa.
Si de verdad queremos avanzar hacia un sistema de educación superior más equitativo, debemos atrevernos a decir las cosas por su nombre. La PAES, en su uso actual, ratifica la segregación social de Chile. No la corrige, no la compensa y, en muchos casos, la reproduce con objetividad técnica.
El desafío no es maquillar la prueba ni celebrar excepciones heroicas. El desafío es repensar seriamente los mecanismos de acceso, incorporando criterios que reconozcan el contexto, el esfuerzo relativo, las trayectorias y el potencial, y no solo el resultado bruto de una medición estandarizada. De lo contrario, seguiremos confundiendo privilegio con mérito y falta de equidad con excelencia.
Mientras eso no ocurra, cada nuevo ranking de la PAES no será una noticia educativa: será, una vez más, el espejo fiel de un país que aún no quiere enfrentar su propia segregación o ¿tal vez la elite es justamente lo que quiere?
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