En Chile, la discusión sobre el acceso al suelo y la vivienda suele reducirse a cifras, catastros y debates técnicos, transformando conflictos profundamente sociales en meros problemas de mercado. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos surge una pregunta ineludible: ¿qué ocurre cuando el derecho a la vivienda digna y el derecho a la movilidad humana colisionan con un modelo urbano que concibe el territorio como activo financiero y no como soporte de vida?
La movilidad humana no se limita a la migración internacional. Incluye también desplazamientos internos forzados, expulsiones territoriales silenciosas y estrategias de sobrevivencia para permanecer cerca de redes laborales, educativas y comunitarias. En un contexto de alto déficit habitacional, la búsqueda de suelo no responde a una elección individual, sino a una respuesta colectiva frente a la incapacidad estructural del Estado de garantizar condiciones mínimas para habitar dignamente.
En este escenario, muchas personas migrantes terminan viviendo en campamentos y asentamientos precarios, espacios que suelen ser leídos desde el estigma o la ilegalidad, pero que en realidad expresan una profunda desigualdad en el acceso a la ciudad. Migrar no es solo desplazarse geográficamente; es reconstruir proyectos de vida, generar arraigo y buscar pertenencia. Cuando el acceso a la vivienda depende exclusivamente del mercado, este derecho se vuelve frágil, selectivo y excluyente.
Permitir el ingreso o la regularización administrativa sin asegurar condiciones materiales para habitar constituye una forma de exclusión territorial indirecta. Se reconocen derechos en el papel, pero se niegan en el territorio. Así, se crean nuevas fronteras dentro de las ciudades, donde algunas vidas son toleradas, pero no plenamente integradas.
La política habitacional vigente continúa subordinada a una lógica mercantil, incluso en contextos de emergencia. Esta orientación desconoce la función social del suelo, principio ampliamente reconocido por los estándares internacionales de derechos humanos, que plantea que el territorio debe evaluarse por su capacidad de sostener vida, comunidad y cuidado, y no únicamente por su rentabilidad económica.
Desde el Trabajo Social, las respuestas comunitarias frente a la exclusión habitacional no constituyen anomalías ni desórdenes urbanos, sino expresiones legítimas de ciudadanía activa y producción social del hábitat. Son prácticas que tensionan un modelo urbano profundamente desigual y evidencian la urgencia de políticas públicas que reconozcan la movilidad humana como un fenómeno estructural, y no como una excepción a contener.
Lo que está en disputa no es solo la propiedad del suelo, sino el tipo de ciudad y de sociedad que estamos construyendo. Un modelo que expulsa a quienes no pueden pagar profundiza desigualdades, reproduce la precariedad y vulnera derechos fundamentales. Avanzar hacia una política de suelo con enfoque de derechos implica fortalecer la participación comunitaria, asumir la planificación urbana como una responsabilidad pública indelegable y comprender que no existe un derecho a migrar efectivo sin un derecho real a habitar.
La vivienda es un derecho humano, no un bien de especulación. Y el territorio debe definirse por su capacidad de sostener comunidades justas, seguras y habitables para todas y todos.
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