La carrera presidencial 2025 avanza rápidamente en un clima de polarización. Aunque gran parte de la atención pública se centra en quién ocupará La Moneda, la elección verdaderamente decisiva será la parlamentaria. Según las encuestas más recientes, Jeannette Jara lidera con cerca del 26% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con poco más del 22%. Todo indica que el próximo gobierno quedará en manos de uno de los dos polos políticos más alejados del centro. Sin embargo, la capacidad real de gobernar y materializar programas dependerá del Congreso.
El último debate televisivo no modificó mayormente el escenario que se viene consolidando. No hubo grandes sorpresas, sino estrategias defensivas. Jara optó por un tono sobrio, destacando su agenda social y evitando controversias que la alejen del electorado moderado. Kast reforzó su discurso de orden, seguridad y migración. El resto de los candidatos, salvo Kaiser, se mostraron planos, quizás resignados a la irrelevancia que les anticipan las encuestas. Otro elemento clave para considerar en cualquier análisis de las próximas elecciones es el voto obligatorio.
Un factor clave será el voto obligatorio. La entrada en vigor de la Ley N°21.779, que sanciona con multas a quienes no concurran a sufragar, marca un cambio estructural en la participación electoral. Este sistema ya mostró su impacto en el plebiscito de 2022, cuando la participación superó el 80% del padrón, alterando todos los pronósticos y redefiniendo el mapa político. Aquella votación fue un duro golpe para la izquierda, que confiaba en la aprobación de la propuesta constitucional, sin prever la irrupción de un electorado silencioso, menos ideologizado y más amplio que el que había decidido procesos previos.
La gran interrogante ahora no es si el voto obligatorio influirá —eso ya está probado—, sino a qué sector favorecerá. Algunos analistas anticipan un escenario similar al de 2022, con un electorado inclinado hacia el discurso del orden y la seguridad. Otros sostienen que la elección simultánea de Presidente y Congreso podría generar un voto más disperso y difícil de anticipar.
Así, la primera vuelta presidencial puede terminar siendo apenas un espejismo. Ningún candidato supera con claridad el 30%, lo que hace inevitable una segunda vuelta. Quien llegue a La Moneda deberá hacerlo con un Congreso fragmentado y sin mayorías sólidas, en un contexto de alta polarización. El gobierno de Gabriel Boric, sin respaldo legislativo suficiente, es el mejor ejemplo de cómo esa debilidad política impide concretar un programa de transformación. Si Jara triunfa sin mayoría parlamentaria, enfrentará una oposición reforzada; si lo hace Kast, su agenda de orden y seguridad podría naufragar desde el inicio.
Por eso, reducir la elección a un duelo entre Jara y Kast es un error. Los ciudadanos deberán decidir en dos planos simultáneos: quién ocupará La Moneda y quién dominará el Congreso Nacional. Y será este último el que determine las posibilidades reales del futuro gobierno.
La noche del 16 de noviembre, cuando se anuncien los nombres que pasan a segunda vuelta, el desenlace legislativo —menos visible, pero decisivo— ya habrá trazado el rumbo político del país. En Chile, más que nunca, el poder no se gana en las urnas presidenciales: se construye en el Congreso.
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