Hace poco se reveló una problemática inquietante: la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Más allá de simples retrasos administrativos, hay deudas vencidas que superan los mil millones de dólares con constructoras, inmobiliarias y proveedores de todas las escalas y regiones del país. Lo que comenzó como un ambicioso Plan de Emergencia Habitacional, lanzado a fines de 2022 con la promesa de entregar 260 mil viviendas para enfrentar el déficit de 640 mil hogares, se ha transformado -sin ser exagerado- en una bomba de tiempo para toda la industria.
El entuerto es estructural y revela una irresponsabilidad fiscal que resulta difícil de justificar. Lo primero para tratar de explicar esto es que se generaron compromisos que superan ampliamente la capacidad presupuestaria real del Estado y. si bien es cierto, el avance del 85% en la ejecución del programa suena impresionante en términos políticos, el costo ha sido grande: sobre endeudar al Estado y no pagarles correctamente, en tiempo y forma, a los proveedores que hicieron posible ese avance.
Aquí aplica una premisa básica dentro de cualquier economía doméstica: los gastos no pueden superar los ingresos. Si esto lo entendemos a nivel familiar, ¿por qué permitimos que quienes nos gobiernan, supuestamente las personas más capaces y con mayor conocimiento para liderar estos programas, ignoren este principio fundamental?
Ahora se les pide a las constructoras e inmobiliarias que no facturen hasta marzo del próximo año, cuando, legalmente, el Estado está obligado a pagar a 30 días desde la facturación. Al postergar este proceso hasta después del cambio de gobierno, se está literalmente tirando la pelota al otro lado de la cancha, evadiendo la responsabilidad y dejando que la próxima administración cargue con el problema.
¿Las consecuencias de esta crisis? Primero, se deteriora aún más una industria que ya viene golpeada en los últimos 5 años. Las empresas no quiebran por patrimonio, quiebran por flujo de caja, y este no pago está empujando a muchos actores del sector hacia la insolvencia y las reorganizaciones.
Por otro lado, hay personas esperando con esperanza que les llegue su vivienda, y si estos proyectos no se desarrollan, tendrán que esperar meses o incluso años más para cumplir el sueño de la casa propia.
Y tercero, el impacto en las pymes proveedoras es devastador. A diferencia de las grandes constructoras e inmobiliarias, estas empresas no tienen la espalda financiera para soportar este golpe, al no tener acceso al crédito en las mismas condiciones, y no pudiendo hacer frente a sus propios compromisos. En el mejor de los casos, muchas tendrán que postergar pagos o pedir créditos con costos adicionales no contemplados y, en el peor escenario, enfrentarán la quiebra, con todo lo que eso implica: desempleo, pérdida de oportunidades y más deterioro del tejido productivo.
Lo más grave es que esta crisis no se limita a la Región Metropolitana, ya que hay constructoras e inmobiliarias comprometidas en Talca, Concepción, el norte del país y prácticamente todas las regiones. Hay empresas a las que se les deben 40 millones de dólares, otras 20 millones. La magnitud varía, pero el problema es transversal y afecta a actores de distintos tamaños y rubros.
El mensaje que se está enviando al mercado es letal para la confianza inversionista. Si el Estado no cumple con sus obligaciones contractuales, ¿qué incentivo tiene el sector privado para seguir participando en programas sociales? La colaboración público-privada, fundamental para resolver el déficit habitacional, se está destruyendo por una gestión financiera irresponsable.
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