A un año de la entrada en vigencia de la Ley 21.643, conocida como “Ley Karin”, su implementación ha demostrado que era necesario avanzar en el cambio cultural que pretende ser de mayor respeto y dignidad en las relaciones laborales, pero también ha evidenciado serias falencias.
Aunque su objetivo es loable, su aplicación ha sido entorpecida por un diseño normativo deficiente, falta de criterios claros dejando espacios a la creatividad de ciertos funcionarios, escasa capacitación en las organizaciones y costos de implementación que han debido asumir las empresas. Adicionalmente, ha dejado espacio para generar confusión entre acoso y conflictos laborales comunes, sobrecargando a instituciones como la Dirección del Trabajo, sin contar con los recursos necesarios.
Un avance legislativo de esta magnitud exige mayor rigurosidad técnica y apoyo institucional. Celebrar su aniversario invita a preguntarnos si estamos aplicando bien una ley que, sin una implementación correcta y efectiva, corre el riesgo de crear más problemas que los que resuelve, afectando su credibilidad entre los trabajadores al tiempo que constituye una nueva carga para empleadores.
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