El acoso escolar puede entenderse como una forma específica de violencia, en la que un estudiante o grupo agrede intencionadamente y de manera reiterada a otro, generalmente en un contexto de desigualdad de poder, donde la víctima se encuentra en una posición subordinada frente al agresor o agresores. Estas agresiones suelen ocurrir ante la presencia de testigos, quienes en algunos casos actúan con complicidad, facilitando o reforzando la conducta violenta. Las consecuencias de este fenómeno afectan a todos quienes participan, ya sea como víctimas, agresores o testigos, y se han vinculado a la aparición de síntomas psicosomáticos, ansiedad, depresión, estrés postraumático, e incluso ideación y conducta suicida.
Hoy en día, el acoso escolar se considera un problema de salud pública, debido a su impacto negativo en la vida de niños, niñas y jóvenes, y en su desarrollo futuro, dado que sus efectos pueden mantenerse a corto, mediano y largo plazo. En este contexto, se han implementado diversas iniciativas de apoyo en entornos escolares, como campañas de sensibilización y programas de prevención, entre ellos el programa finlandés KiVa, respaldado por evidencia empírica. Además, se ha impulsado la formación de docentes y profesionales que trabajan en comunidades educativas. Sin embargo, cabe preguntarse si esta atención e interés social han sido suficientes para abordar las múltiples formas de violencia y acoso que persisten en Chile y el mundo. Para ello, es necesario revisar a quiénes están dirigidas las intervenciones, y si estas consideran la diversidad de situaciones presentes en el estudiantado.
Una revisión de literatura publicada por la UNESCO en 2022, titulada “Violencia y acoso en entornos educativos: la experiencia de niños, niñas y jóvenes con discapacidad”, analizó estudios realizados en diferentes regiones del mundo, principalmente en países occidentales. Los resultados fueron preocupantes: en China, dos de cada tres adolescentes con discapacidad reportaron haber sido víctimas de acoso escolar, mientras que, en zonas rurales de Estados Unidos, la probabilidad de vivir situaciones de violencia es cuatro veces mayor en personas con discapacidad. Incluso se evidenció un mayor riesgo de sufrir violencia ejercida por parte de docentes.
A pesar de estas cifras, no contamos con programas que aborden de forma específica el acoso escolar y la violencia que enfrentan diariamente las personas en situación de discapacidad. Si bien promover prácticas inclusivas es una vía relevante para prevenir la discriminación y la violencia, también es necesario integrarlas en estrategias concretas que favorezcan la convivencia, con énfasis en la experiencia de este grupo, y que involucren activamente a toda la comunidad educativa. La evidencia disponible sobre la aplicación efectiva de estas acciones sigue siendo limitada.
Volviendo a la pregunta inicial, todo indica que aún no se está dando una respuesta adecuada a los desafíos que enfrenta este grupo en nuestra sociedad. Es llamativo —e incluso contradictorio— que colectivos como el de las personas en situación de discapacidad no cuenten con intervenciones específicamente diseñadas frente a la discriminación y violencia que experimentan. Mientras esto no se corrija, no se estará abordando de manera justa ni eficaz esta problemática. Tal vez, en nuestro intento por avanzar hacia una sociedad libre de violencia, estemos excluyendo sin querer a actores clave en ese proceso. La discriminación, a veces, también se expresa bajo formas aparentemente bien intencionadas.
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