Cada día son más los casos que conocemos de un o una docente agredida físicamente por un estudiante o por algún apoderado. Agresiones verbales, amenazas, improperios y maltrato físico han sido el corolario de una convivencia escolar dañada. Algunos culpan a los efectos pandémicos otros a la desigualdad y otros a un conjunto multifactorial, donde claramente los más dañados siempre son los y las estudiantes.
Desde hace unos meses vengo realizando conferencias en distintos escenarios sobre Convivencia y violencia en la escuela, y el inicio consta de responder una breve encuesta de cuatro preguntas, con una respuesta en escala Likert de percepción temporal, es decir, frente la pregunta ¿usted siente que su lugar de trabajo (la escuela) es un espacio seguro?, se ofrecen las alternativas: siempre, casi siempre, frecuentemente, algunas veces, casi nunca, nunca. En este escenario uno esperaría que la media fuera justamente un “casi siempre” o en su defecto un “frecuentemente”, no obstante, la media es “algunas veces” y la respuesta que casi no marca es “siempre”.
Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué factores son los que hacen sentir inseguros mayoritariamente y de forma casi regular a los y las docentes? Las preguntas que acompañan este ejercicio son acerca de sentirse sobrepasado por el trabajo docente, agredido por alguien de su comunidad educativa y si ha sentido ganas de abandonar el trabajo como docente. Evidentemente que las respuestas tienen una coherencia que explica de cierto modo la situación inicial, es decir, la escuela no es un espacio seguro para trabajar. Entonces, sino es seguro para los y las docentes, cómo podría serlo para los y las estudiantes.
Tres son, a nuestro entender, los aspectos que intervienen en la generación de factores de riesgo de la violencia: la cultura, la institucionalidad y la salud mental. Dicho esto, basándonos en el modelo de Galtung (2016) tenemos que abordar con cada comunidad aspectos que no sólo son de autocuidado y salud emocional, sino también de seguridad, buenas prácticas de relacionamiento interpersonal y, sobre todo, de capacitación en resolución de conflictos a los y las docentes, cuestión que no se está haciendo porque se sigue asumiendo que el encargado o encargada de convivencia escolar es la persona responsable de mediar y resolver los conflictos e incidentes.
Por otra parte, se tiene una cultura de la seguridad como un tema policial, por lo que la principal reacción frente a cualquier hecho de "indisciplina" es el castigo y sanción, desconociendo las causas y el proceso que llevó a que tal o cual hecho desencadenara una agresión. Este elemento es fundamental para poder trazar acciones de acompañamiento, monitoreo y resolución de los conflictos en las escuelas, buscando promover la construcción de un espacio seguro para todos y todas.
Dicho esto, nuestra respuesta acerca del origen de las agresiones a la docencia es institucional, pues carecemos de un gasto público efectivo en el fortalecimiento y capacitación docente en temas de convivencia (sin decir que a nivel país hay pocos especialistas en la temática y ni hablar de fondos de investigación), apoyos efectivos de bienestar docente y por último espacios de toma de decisiones colectivas donde se resuelvan medidas atingentes a las necesidades de la comunidad escolar sobre la seguridad del espacio, involucrando tanto a padres y apoderados como a carabineros, seguridad municipal y los CESFAM.
Hoy el estado de los niveles de violencia en Chile es muy alto y desborda implementaciones centralistas y poco oportunas, por lo que nuestra invitación es a que sean las propias comunidades educativas las que asuman un rol activo en la gestión de la convivencia.
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