La formación de los estudiantes de derecho no sólo puede centrarse en la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre las normas y procedimientos jurídicos, el reciente escándalo derivado del caso Hermosilla ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la enseñanza de la ética en las facultades de Derecho. Ésta es un pilar que sustenta la confianza en el sistema de justicia y la integridad de los actores que lo componen, especialmente si son abogados, fiscales, defensores o jueces, lo que implica el apego irrestricto a la ley y al Estado de Derecho, y también a una conducta intachable.
La formación ética de quienes estudian el derecho debe incluir la reflexión sobre los valores y principios que rigen la profesión, como la honestidad, la integridad, la imparcialidad y el respeto a los Derechos Humanos. También debe abordar la resolución de dilemas valóricos y la toma de decisiones en situaciones complejas. Para que durante su formación sean conscientes de las implicancias sociales y políticas de su ejercicio profesional, comprometiéndose a ser agentes de cambio positivo en la comunidad.
Sólo mediante una sólida formación ética podremos incentivar que los futuros profesionales del derecho estarán preparados para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio y puedan contribuir a la construcción de un sistema de justicia no sólo apegado a la norma jurídica, si no también más accesible y equitativo. Pero, sobre todo, que se sustente en la confianza de que todo aquel que quiera recurrir a él recibirá lo que le corresponda.
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