El INE confirmó que la tasa de desempleo llegó al 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto desde 2021. Casi 945 mil personas sin trabajo. El dato circula en titulares como una cifra más, pero detrás de cada décima hay algo que los indicadores no miden: lo que le pasa a una persona cuando pierde su empleo.
Quedarse sin trabajo no es solo quedarse sin ingresos. Es perder la rutina que organiza el día, el sentido de pertenencia a algo, la respuesta cotidiana a la pregunta de quién soy y para qué sirvo. El trabajo cumple una función social profunda: estructura el tiempo, da identidad, conecta a las personas con algo más grande que ellas mismas. Cuando eso se interrumpe, el daño va mucho más allá de la cuenta corriente.
Cuando la cesantía se prolonga, aparece el aislamiento, la desesperanza, los síntomas depresivos. Y no de manera abstracta, sino por cosas muy concretas, como la incertidumbre sobre las deudas, la preocupación por la familia, el miedo a no poder reinsertarse. Ese estrés crónico afecta además a quienes rodean a la persona desempleada, que también cargan con la angustia y las carencias que empiezan a manifestarse. Lo paradójico es que, a mayor deterioro en la salud mental, más difícil resulta encontrar trabajo. El círculo se cierra sobre sí mismo.
Los más vulnerables son quienes tienen menos margen para resistir: sin ahorros, sin red, sin acceso a salud mental. Por eso mirar el desempleo solo como un problema individual es un error. Es un problema comunitario. Y las respuestas deben serlo también: protección económica durante la búsqueda, programas de reinserción con apoyo psicosocial, capacitación pertinente y atención en salud mental sin barreras económicas. No como gestos, sino como política.
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