En los últimos años, Chile ha sido testigo de una expansión sostenida de prácticas comerciales informales que, lejos de constituir meras irregularidades administrativas, revelan una preocupante erosión de los pilares del Estado de Derecho. La exhibición de patentes comerciales falsas o fotocopiadas, la venta de productos sin certificación sanitaria y la débil fiscalización por parte de las autoridades no son hechos aislados: conforman un fenómeno estructural que exige una respuesta decidida desde el derecho y la política pública.
En primer lugar, es necesario despejar cualquier ambigüedad: la utilización de una patente comercial falsa no es una “viveza” ni una falta menor. Se trata de una conducta que puede configurar el delito de uso malicioso de instrumento público falso, además de constituir una infracción administrativa por el no pago de tributos municipales. Es decir, estamos frente a una doble transgresión: se engaña a la autoridad y se vulnera el sistema de financiamiento local. La señal es clara: quien actúa al margen de la legalidad obtiene ventajas indebidas en perjuicio del resto de la comunidad.
Pero el problema no se agota en la conducta de los particulares. Los municipios, como órganos encargados de la fiscalización, tienen un deber legal ineludible. Cuando esta función no se cumple, o se ejerce de manera deficiente, emerge una doble responsabilidad: administrativa, respecto de los funcionarios que incumplen sus deberes, y patrimonial, en caso de que la falta de servicio cause daños a terceros. En otras palabras, la inacción también tiene consecuencias jurídicas, y el Estado no puede desentenderse de ellas.
La situación se agrava aún más cuando entran en juego bienes jurídicos sensibles como la salud y la seguridad de los consumidores. La comercialización de productos sin certificación sanitaria o falsificados expone a las personas a riesgos evidentes, y la normativa chilena contempla sanciones severas que incluyen multas, clausuras y decomisos. A ello se suman eventuales responsabilidades penales y civiles, especialmente cuando se vulnera el deber de información y seguridad en las relaciones de consumo.
Sin embargo, uno de los mayores déficits del sistema radica en la falta de coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estas conductas. Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, autoridades sanitarias y organismos de protección al consumidor operan, muchas veces, de manera fragmentada. Sin una política pública integral que articule sus esfuerzos, la eficacia del control se ve seriamente limitada. La informalidad, en ese contexto, encuentra espacios para consolidarse.
Desde la perspectiva del consumidor, el escenario tampoco es alentador. Aunque existen derechos claros —como exigir boleta o certificaciones— su ejercicio efectivo depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos para denunciar y del funcionamiento eficiente de los mecanismos institucionales. Cuando la respuesta administrativa es insuficiente, la judicialización aparece como alternativa, pero no todos los consumidores cuentan con los recursos o el conocimiento para transitar ese camino.
Finalmente, no puede obviarse el impacto de estas prácticas en la libre competencia. El comercio informal, al evadir impuestos y regulaciones, obtiene ventajas ilícitas frente a quienes cumplen la ley. Esto no solo distorsiona el mercado, sino que también desincentiva el cumplimiento normativo. La posibilidad de configurar actos de competencia desleal en estos casos es real, aunque su determinación dependerá, en definitiva, de los tribunales de justicia.
Chile enfrenta, entonces, un desafío que va más allá de la fiscalización puntual. Se trata de reafirmar el valor de la legalidad como base de la convivencia social y del desarrollo económico. Tolerar la informalidad no es neutral: implica aceptar un estándar más bajo de protección para los consumidores, una competencia injusta para los emprendedores formales y una merma en los recursos del Estado.
La pregunta que debemos hacernos no es solo cómo sancionar estas conductas, sino cómo construir un sistema que las prevenga eficazmente. Porque cuando la norma pierde fuerza en la práctica, lo que está en juego no es solo el cumplimiento de la ley, sino la confianza en las instituciones que la sostienen.
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