LOS ANDES (25/11/2016).- El Ministerio Público investiga una eventual compra de fármacos con el talonario de recetas retenidas que fue hallado en poder del delincuente Luis Hernán Cabrera Lobos (48), detenido por oficiales de la Brigada de Delitos Económicos en el marco de una investigación por estafa.
Así quedó establecido en la audiencia de formalización de Cabrera Lobos efectuada en el Tribunal de Garantía de Los Andes.
Sobre estos hechos, el fiscal a cargo de la investigación, Jorge Alfaro expuso que el imputado mantenía en su poder una chequera del banco BCI cuya titular es la mujer de iniciales S. del C.G.V., “ persona además conocida del imputado porque había trabajado para ella durante el 2016”.
Explicó que este talonario le fue sustraído a la víctima junto a sus tarjetas de crédito el pasado 14 de agosto y en días posteriores recibió el aviso que se estaban llevando adelante giros de dinero desde cajeros automáticos con las tarjetas.
Alfaro indicó que Cabrera Lobos mantenía el talonario en su poder con el cual fue confeccionando diversos cheque falsificando la firma de la titular de la cuenta.
“Es del caso que en el mes de septiembre este sujeto toma contacto con la víctima M.R.S.S. quien es dueña de un restorán de nombre Doña Mirta ubicado en calle Maipú Nº 77, a la cual le señala que era trabajador de carnes Kar de calle Esmeralda, que vivía en la ciudad de San Felipe y que lo habían enviado trabajar a esta carnicería durante las fiestas patrias, razón por la cual necesitaba tener servicio de almuerzo que iba a pagar precisamente con estos cheques”, explicó el fiscal.
El sujeto le entregó a la dueña del restorán un cheque por la suma de 44 mil pesos correspondiente a los almuerzos que se serviría.
Sin embargo, el 22 de septiembre la víctima fue a depositar el cheque en su cuenta rut del Banco Estado, encontrándose con la ingrata sorpresa que el documento fue protestado por firma disconforme.
Asimismo, Cabrera Lobos tomó contacto a principios del mes de noviembre con la mujer de iniciales J.P.C.G. quien es dueña de una residencial ubicada en calle Membrillar Nº 177, indicándole que trabajaba en la carnicería Susaron y que necesitaba una habitación con servicio de almuerzo.
La dueña le dijo que el valor de este servicio era de 10 mil pesos diarios, razón por la cual el imputado debía cancelar 300 mil pesos por el mes que estaría alojando.
Para ello hizo entrega de un cheque del banco BCI por la suma 150 mil pesos el 5 de noviembre y luego el día 21 le entregó el segundo cheque por una cifra similar, totalizando así los 300 mil pesos acordados, “ documentos hurtados que el imputado llenó con su letra y que fueron protestados”.
Asimismo, un tercer afectado, J.A.H.D. quien era residente en la misma pensión, “ tomó contacto con el imputado Cabrera, quien le solicitó dinero prestado, dejando como garantía un cheque por la suma de 30 mil pesos de la misma cuenta corriente del BCI”.
El 21 de noviembre la hija de la víctima intentó cobrar este cheque que había dejado en garantía el imputado, encontrándose con que estaba protestado.
El fiscal mencionó que al momento de la detención Cabrera Lobos no solamente portaba el talonario de cheques, sino que además un recetario de la Clínica Río Blanco donde había adulterado la firma de un siquiatra y luego lo presentó en la farmacia Ahumada donde adquirió medicamentos tranquilizantes.
Es por ello que a este antisocial se le imputaron los delitos de uso malicioso de instrumento privado mercantil reiterados en calidad de consumado, receptación en relación a los cheques y talonarios de recetas y también del delito de uso malicioso de instrumento público en el caso de las recetas usadas.
El fiscal Alfaro solicitó la prisión preventiva dada la cantidad de delitos y la multiplicidad de víctimas, así como también por los antecedentes penales del imputado que registra condenas por desacato, hurto, manejo en estado de ebriedad y lesiones menos graves.
Además el Ministerio Público lleva otra investigación en su contra por el delito de hurto de 2 millones de pesos que Cabrera Lobos perpetró el pasado mes de abril en la Clínica Río Blanco donde se desempeñaba como guardia de seguridad.
En esa oportunidad se apoderó además de un teléfono celular marca Motorola y un equipo de radiocomunicación, siendo detenido y formalizado.
Considerando estos antecedentes la magistrado Valeria Crosa consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y accedió a la solicitud del Ministerio Público decretando su ingreso a prisión preventiva por los cuatro meses que durará la investigación.
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