En lo que va de 2026, trece personas han muerto trabajando en la minería chilena; siete de ellas, en solo tres semanas. Lamentamos profundamente estas pérdidas y acompañamos a sus familias y comunidades.
Las causas aún se investigan, pero como médicos del trabajo sabemos que estas muertes son evitables. La primera responsabilidad es del empleador: controlar los riesgos críticos, verificar que los controles funcionen y no exigir tareas inseguras, en especial a contratistas.
Pero la prevención es tarea de todos. El autocuidado y el cuidado mutuo son fundamentales, y todo trabajador debe poder detener una tarea o reportar un riesgo sin temor. Comités paritarios y sindicatos necesitan respaldo para investigar y levantar riesgos a tiempo, y los organismos administradores de la Ley 16.744 (Mutuales e ISL) deben reforzar su asesoría técnica a toda empresa, sin importar su tamaño, con especial atención a la pequeña minería y la artesanal, que concentran la mitad de las víctimas. El Estado tampoco puede quedar al margen: Antofagasta tiene sólo nueve fiscalizadores de SERNAGEOMIN para cerca de 1.700 instalaciones mineras.
Ninguna meta productiva justifica una muerte en el trabajo.
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