El anuncio del Ministerio de Educación de ingresar un proyecto de ley para ajustar el cronograma de implementación de los Servicios Locales de Educación Pública abre una oportunidad para discutir un desafío de fondo. Más allá de la decisión sobre los plazos, el país necesita construir una ruta compartida para fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de sostener y mejorar la educación pública.
En Enseña Chile hemos trabajado junto a más de diez SLEP en distintas regiones. Esto nos ha permitido constatar una realidad que muchas veces queda fuera del debate: existen equipos altamente comprometidos, con capacidades técnicas y una profunda convicción por mejorar las oportunidades de aprendizaje de sus estudiantes.
Pero también hemos visto la magnitud del desafío. Un solo SLEP puede llegar a administrar hasta 191 establecimientos y coordinar cerca de 3.000 funcionarios. A ello se suman procesos administrativos complejos y la instalación de una nueva institucionalidad, lo que muchas veces limita la capacidad de los equipos para acompañar a las escuelas, fortalecer a directivos y docentes e impulsar procesos de mejora.
Si este proyecto abre un espacio para revisar el camino recorrido, la gran oportunidad es hacerlo sobre la base de la evidencia acumulada. Tras los primeros años de implementación, existen aprendizajes suficientes para identificar buenas prácticas, reconocer los principales nudos de gestión y aprender de la experiencia de los distintos territorios. Más que discutir únicamente los plazos, es el momento de construir una hoja de ruta compartida que transforme aprendizajes en decisiones y acciones concretas para fortalecer a los sostenedores.
Hoy más que nunca se requiere que el Estado convoque al mundo público, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de investigación, las empresas y las propias comunidades educativas para construir, desde la evidencia y la experiencia acumulada, soluciones a los desafíos que enfrentan los SLEP. La experiencia existe; el desafío es articular ese conocimiento para fortalecer la gestión de los sostenedores y, con ello, la educación pública.
Las reformas educativas no se consolidan solo con cambios legales. Lo hacen cuando quienes deben implementarlas cuentan con las condiciones, herramientas y apoyos necesarios para desarrollar su labor. Si este debate logra poner el foco en ese fortalecimiento, cualquiera sea la decisión respecto del cronograma, habremos dado un paso importante para construir una educación pública más sólida y con mejores oportunidades para miles de estudiantes.
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