En Chile hablamos cada vez más de ciberseguridad, pero casi siempre desde la contingencia: filtraciones de datos, fraudes digitales, ataques a instituciones o robo de información financiera. Sin embargo, existe un ángulo poco explorado y crecientemente crítico: qué ocurre con la identidad digital de una persona tras su muerte y qué riesgos de seguridad se abren.
Hoy, una parte significativa de nuestra vida transcurre en plataformas digitales. Correos electrónicos que concentran contratos y trámites, redes sociales que validan identidad, servicios en la nube con documentos personales, accesos a banca electrónica, claves únicas asociadas a procesos del Estado y dispositivos que almacenan información sensible. Cuando una persona muere, todo ese ecosistema no se apaga. Queda activo, muchas veces sin supervisión, convirtiéndose en un punto ciego desde la perspectiva de la seguridad digital.
En un país como Chile, donde la digitalización del Estado ha avanzado rápidamente con trámites en línea, notificaciones electrónicas y autenticación digital, dejar cuentas abiertas no es solo un problema privado. Es también un riesgo sistémico. Una casilla de correo abandonada puede ser la puerta de entrada para recuperar contraseñas, validar identidades o acceder a servicios críticos. Desde la mirada de la ciberseguridad, una identidad digital sin dueño es una superficie de ataque.
Los casos de suplantación de identidad de personas fallecidas no son hipotéticos. Perfiles en redes sociales reutilizados para estafas, correos comprometidos para fraudes financieros o cuentas hackeadas para engañar a contactos cercanos forman parte de un fenómeno silencioso, difícil de rastrear y con alto impacto.
A esto se suma un problema estructural: la ausencia de una cultura de cierre digital. En Chile no existe aún una regulación clara y específica sobre herencia digital, y mientras esa discusión avanza lentamente, las plataformas tecnológicas imponen sus propias reglas. Algunas permiten designar contactos de legado, otras solo aceptan solicitudes de eliminación, y muchas no entregan acceso al contenido, aun cuando existan vínculos legales comprobables. Desde la óptica de la seguridad de la información, esto deja a las familias con responsabilidades, pero sin herramientas efectivas.
La planificación de la vida digital después de la muerte no debería entenderse como un acto simbólico o emocional, sino como una medida preventiva. Del mismo modo que se protegen dispositivos, se gestionan respaldos o se aplican buenas prácticas de seguridad, también debiera considerarse qué pasará con nuestras credenciales, cuentas y datos cuando ya no estemos. No hacerlo equivale a dejar sistemas sin mantenimiento, expuestos y vulnerables.
Las grandes compañías tecnológicas han comenzado a ofrecer soluciones parciales, como administradores de cuentas inactivas o contactos de legado digital. No obstante, su uso sigue siendo marginal.
En un escenario donde los datos personales son uno de los activos más valiosos, dejar una identidad digital sin control no solo afecta la privacidad de quien ya no está, sino que puede impactar a terceros: familiares, instituciones, empresas y al propio ecosistema digital. Desde esta perspectiva, el cierre de cuentas, la designación de responsables y la documentación básica de la vida digital deberían formar parte de las buenas prácticas mínimas de seguridad.
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