ACONCAGUA (06/05/2026).- El desalojo de la empresa Áridos Córdova desde el cauce del río Aconcagua, al norte del sector Tres Esquinas, concretaron equipos de funcionarios de la Municipalidad de San Felipe en conjunto con personal de Carabineros de la Segunda Comisaría y la Delegación Presidencial Provincial.
El operativo, realizado durante la madrugada y mañana del martes, se desarrolló tras un proceso sostenido de fiscalizaciones, informes técnicos y medidas administrativas impulsadas por el municipio, frente a la ocupación ilegal del terreno y el funcionamiento sin permisos, patentes comerciales ni el pago de los tributos correspondientes.
De igual modo la acción se ejecutó ante los requerimientos de distintos servicios públicos, entre ellos la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Contraloría General de la República, que habían advertido sobre el evidente estrangulamiento del lecho, generando riesgos para la infraestructura pública, el medio ambiente y la seguridad de la comunidad.
Tras el término de su concesión en marzo de 2021, la empresa mantuvo la ocupación ilegal de aproximadamente siete hectáreas en la caja del río Aconcagua, operando sin permisos, patentes comerciales ni el pago de tributos correspondientes.
Se explicó desde el gobierno comunal que a pesar de múltiples decretos de clausura y notificaciones de desalojo emitidas desde 2021, la empresa continuó desarrollando actividades de procesamiento y venta de áridos de manera irregular, lo que derivó en reiteradas fiscalizaciones por parte del Departamento de Rentas y Patentes de la municipalidad.
Asimismo, la Dirección General de Aguas (DGA) cursó sanciones por un monto superior a los 32 millones de pesos, debido a la intervención no autorizada del cauce y la reducción de su ancho, además de detectar trabajos fuera del área permitida, incluyendo el Estero Pocuro.
Frente a este escenario, el municipio decidió no otorgar nuevas concesiones respaldado por informes de la DOH y antecedentes en análisis por parte de la Contraloría.
Paralelamente, se efectuaron mesas de trabajo interinstitucional lideradas junto a la Delegación Presidencial Regional, con la participación de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la Policía de Investigaciones, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Medio Ambiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas de fiscalización y control.
Finalmente, la Municipalidad de San Felipe dictó los decretos alcaldicios N° 705 y N° 1063 de este año, solicitando el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo, lo que fue autorizado mediante Resolución Exenta N° 28, de fecha 4 de marzo de 2026, por la Delegación Presidencial Provincial y que culminó con el procedimiento.
Al referirse al operativo de desalojo, la alcaldesa Carmen Castillo indicó que se dio cumplimiento con lo que los servicios públicos también mandataron, el que se realizó de manera tranquila y exitosa.
“Esta empresa estaba utilizando un terreno que era bien nacional de uso público. Para nosotros es muy importante que nuestra caja del río se cuide y que realmente cumpla con todo lo que significa el tema medioambiental, así que estamos muy satisfechos por esta acción conjunta realizada. Ha sido importante, porque tenemos toda la evidencia de la intervención en esta área de mayor complejidad que es el río Aconcagua”, expresó la autoridad comunal.
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