El retiro del proceso de toma de razón del reglamento que busca actualizar la Ley 21.020, abre una oportunidad y un desafío: revisar, ajustar y fortalecer un instrumento largamente esperado.
Más allá de su carácter administrativo, este proceso invita a reflexionar sobre la importancia de avanzar en regulaciones que aborden de manera integral la relación entre personas, animales y medio ambiente. El reglamento proponía medidas concretas, como la regulación de animales de apoyo emocional, el transporte de mascotas, el fortalecimiento de la esterilización obligatoria y la regulación de la cría, compra y venta de animales, incluyendo esta mala práctica en plataformas digitales.
Estas iniciativas no solo apuntan al bienestar animal, sino que también contribuyen a ordenar un ámbito con efectos directos en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, la regulación de las mutilaciones con fines estéticos —corte de orejas o cola— responde a evidencia sobre dolor, alteraciones conductuales y dificultades en la comunicación animal, aspectos que pueden incidir en la seguridad y convivencia de los animales, de sus tutores y de la comunidad.
De igual forma, el uso de ciertos implementos de manejo, como collares de ahorque, generan estrés y reactividad. Promover su regulación se enmarca en una mirada preventiva, orientada a reducir riesgos en espacios públicos.
La identificación obligatoria mediante microchip, junto con la regulación de la cría y comercialización, permite avanzar en trazabilidad, control sanitario y tenencia responsable, contribuyendo a disminuir el abandono y sus impactos a nivel comunitario.
En Chile, el desarrollo de políticas en esta materia no ha integrado el bienestar animal, la salud humana y del entorno. En ese contexto, los procesos de consulta pública han permitido recoger aportes de diversos actores, enriqueciendo las propuestas normativas desde la evidencia y la experiencia.
Más que entender estas regulaciones como una mirada sectorial, resulta relevante reconocer su contribución a la salud pública y a una mejor convivencia. Fortalecer este tipo de marcos regulatorios representa una oportunidad para avanzar en políticas más integrales y sostenibles.
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