Cada Día Mundial del Agua se repite un diagnóstico conocido: la creciente presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de una gestión más sostenible. En este, que generalmente enfatiza la escasez del recurso y la necesidad de nuevas obras de infraestructura, suele quedar en segundo plano un aspecto central: cómo gestionamos el agua en la agricultura, su principal usuario.
La agricultura ocupa un lugar central en esta discusión pues, tanto a nivel global como nacional, utiliza cerca del 70% de las extracciones de agua dulce. Por ello, el debate sobre gestión hídrica en el sector resulta relevante. Este uso intensivo se explica por su rol en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, pero también plantea interrogantes sobre cómo compatibilizarlo con la sostenibilidad de los ecosistemas.
La relación entre agricultura y agua es más compleja que la de un simple insumo productivo. Desde el enfoque de los servicios ecosistémicos, el agua puede entenderse como un beneficio que estos proveen a la sociedad. Procesos como la regulación de caudales, la recarga de acuíferos, la fertilidad de los suelos y el funcionamiento del ciclo hidrológico, permiten sostener múltiples actividades humanas, entre ellas la agricultura. La producción agrícola depende, por tanto, del funcionamiento de los ecosistemas que hacen posible la disponibilidad, estabilidad y calidad del recurso hídrico.
Pero, la agricultura también puede generar impactos negativos, conocidos como diservicios ecosistémicos. Entre ellos destacan la sobreextracción de agua, la reducción de caudales ambientales, la contaminación difusa por fertilizantes o pesticidas y la degradación de suelos. Estos no necesariamente surgen de medidas individuales inapropiadas, sino de la acumulación de miles de decisiones productivas que, a escala territorial, pueden superar los límites ecológicos del sistema hídrico.
En este contexto emerge un desafío fundamental para la gestión del agua en la agricultura: mientras las decisiones se toman a nivel predial, los efectos se manifiestan a escala de cuenca. Un agricultor puede optimizar el uso del agua en su predio, pero la sostenibilidad del recurso depende del comportamiento agregado de numerosos usuarios que comparten el mismo sistema hidrológico. Así, prácticas que individualmente parecen eficientes pueden, a nivel agregado, contribuir a la sobreexplotación de acuíferos o a la contaminación difusa.
Avanzar hacia una mejor gestión del agua en la agricultura implica reconocer simultáneamente los beneficios y los costos ecosistémicos asociados al uso del recurso. La agricultura no solo es usuaria del agua, sino también un actor que influye en el funcionamiento del sistema hídrico. Internalizar estos efectos en la toma de decisiones públicas y privadas, es clave para promover prácticas productivas compatibles con la sostenibilidad de los hábitats.
Frente a un escenario de creciente presión sobre los recursos hídricos, el desafío no consiste en oponer producción agrícola y conservación ambiental, sino en diseñar sistemas de gestión que permitan compatibilizar ambos objetivos. Sin ecosistemas funcionales no hay agua, y sin agua no hay agricultura. Reconocer esta interdependencia es fundamental para asegurar tanto la producción de alimentos como la estabilidad de los sistemas naturales que la hacen posible.
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