Como concejal y presidente de la Comisión de Educación del Concejo Municipal de Los Andes, no puedo permanecer en silencio frente a los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026 y, sobre todo, frente a lo que ellos revelan sobre el fracaso del modelo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Los datos son elocuentes y devastadores: pese a recibir muchos más recursos por alumno, los SLEP no solo no mejoran los aprendizajes, sino que profundizan la crisis de la educación estatal.
Durante años se nos prometió que la salida de los colegios desde la administración municipal hacia un sistema "profesionalizado y centralizado" traería mayor equidad, mejor gestión y mejores resultados.
Hoy, la evidencia demuestra exactamente lo contrario, toda vez que los establecimientos SLEP obtienen peores resultados que los municipales y quedan muy por detrás de los particulares subvencionados y, aún más, de los particulares pagados. La brecha no se cierra: se consolida.
A ello se suma un hecho que no puede ignorarse: los SLEP reciben significativamente más recursos por alumno que los establecimientos municipales. Sin embargo, ese mayor presupuesto no se traduce en mejores docentes, apoyo pedagógico efectivo ni mejores resultados académicos. La pregunta entonces es inevitable: ¿dónde está esa plata?
La respuesta parece evidente: los recursos se diluyen en una estructura burocrática pesada, centralista y distante de las realidades locales, con más cargos administrativos, más trámites y más oficinas, pero con menos impacto en la sala de clases. Un sistema que consume recursos sin mejorar aprendizajes no es una solución: es un retroceso.
Pero además existen problemas graves de gestión que afectan incluso lo más básico del funcionamiento del sistema. En el caso del SLEP de Los Andes, por ejemplo, los sueldos de los trabajadores de la educación debieron pagarse de manera parcializada, situación que recién terminó de regularizarse este 7 de marzo.
Resulta legítimo preguntarse qué dirían la Superintendencia de Educación de Chile o el propio Colegio de Profesores de Chile si esta situación ocurriera en un establecimiento municipal o particular subvencionado. Probablemente las declaraciones y fiscalizaciones serían inmediatas, sin embargo, cuando el problema ocurre dentro del propio aparato estatal, el silencio parece ser la respuesta más frecuente.
Los resultados de la PAES muestran que los estudiantes de la educación pública —municipal y SLEP— siguen concentrándose en los percentiles más bajos de puntaje. En los SLEP, menos del tres por ciento de los estudiantes supera los 800 puntos y esa cifra no habla solo de rendimiento académico; habla de oportunidades negadas, de expectativas truncadas y de un Estado que está fallando en su deber más básico.
Es especialmente grave que este modelo haya sido impulsado y defendido con fuerza por el actual gobierno, encabezado por Gabriel Boric, incluso frente a advertencias reiteradas desde los territorios.
Alcaldes, concejales, comunidades educativas y expertos han señalado los problemas de gestión, la lentitud en la toma de decisiones y la pérdida de control local, aun así, el Ejecutivo insiste en profundizar un sistema que no entrega resultados.
La educación pública no puede seguir siendo un laboratorio ideológico, porque los hijos de la clase media y de los sectores más vulnerables no pueden ser el experimento de políticas diseñadas desde Santiago, lejos de las salas de clases y de los patios escolares. Cuando un modelo fracasa, la responsabilidad política es reconocerlo y corregir el rumbo, no perseverar por orgullo o dogmatismo.
Defender la educación pública no es defender estructuras estatales ineficientes. Defender la educación pública es exigir que cada peso invertido llegue al aula, al profesor y al estudiante, es valorar las experiencias municipales o de los colegios particulares subvencionados que sí han logrado buenos resultados, con gestión cercana, conocimiento del territorio y compromiso real con sus comunidades educativas.
Hoy más que nunca se requiere una revisión profunda del sistema SLEP, una auditoría seria de su uso de recursos y, sobre todo, una pausa responsable en su expansión, dado que Persistir en este camino es seguir debilitando la educación pública que decimos querer fortalecer.
Mi posición es clara y firme: los SLEP, tal como están concebidos y ejecutados, representan un retroceso en materia educativa. No se trata de defensa corporativa, se trata de resultados, de evidencia y de responsabilidad con las futuras generaciones.
La educación pública merece mucho más que promesas incumplidas y burocracia sin resultados.
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