Cada inicio de año escolar reabre una tensión habitual en los hogares, que radica en cumplir con la extensa lista de útiles sin desatender estándares mínimos de calidad y seguridad. La decisión de compra no es meramente económica; es también jurídica.
El consumidor informado no solo compara precios, sino que evalúa riesgos e incluso puede activar los respectivos mecanismos de fiscalización cuando ello resulte necesario. Conviene, por tanto, repasar algunas consideraciones esenciales para esta época de alta demanda.
La primera recomendación es realizar las compras en el comercio formal. Allí comienza, propiamente, la seguridad en el consumo. Adquirir productos en circuitos informales implica, en los hechos, renunciar a la protección normativa y exponerse innecesaria e injustificadamente al riesgo de sufrir un daño sin posibilidad real de exigir responsabilidades.
En Chile, la tutela del consumidor se encuentra consagrada en la Ley N° 19.496, que reconoce expresamente el derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios. Este principio adquiere especial relevancia cuando los destinatarios finales son niños, niñas y adolescentes, sujetos respecto de los cuales el estándar de diligencia debe ser reforzado.
Una segunda recomendación dice relación con la seguridad y la información, eje estructural del estatuto protector del consumidor. La seguridad de los productos escolares no constituye una mera sugerencia comercial, sino una obligación legal del proveedor y, correlativamente, un ámbito de especial diligencia para padres y tutores. Mochilas, estuches, adhesivos, tijeras, pinturas, dispositivos electrónicos, cargadores y, en general, cualquier insumo destinado al uso escolar deben cumplir estándares técnicos que prevengan riesgos razonablemente previsibles, tales como asfixia, intoxicación, cortaduras, descargas eléctricas, sobrecalentamiento o inflamabilidad. La exigencia no se limita a la ausencia de defectos visibles, sino que comprende el diseño, los materiales y las condiciones normales de utilización.
En esta línea, la rotulación adquiere una relevancia central. La información debe ser clara, legible y estar en idioma español, incorporando la edad recomendada, advertencias de uso, instrucciones de seguridad y la identificación del fabricante o importador. La omisión total o parcial de estos antecedentes no es un simple descuido formal, sino que puede configurar infracción a la Ley N° 19.496, al vulnerar el derecho a la seguridad y a la información veraz y oportuna.
Asimismo, resulta prudente extremar la cautela frente a productos que carezcan de certificación visible o cuya rotulación se encuentre exclusivamente en idioma extranjero, especialmente tratándose de artículos eléctricos o insumos de composición química. La exigencia normativa no es meramente formal sino que todo lo contrario, el consumidor debe poder acceder de manera clara, suficiente y comprensible a la información esencial del producto en el idioma del país donde se comercializa. La experiencia compara nos indica que la ausencia de rotulación en español suele ser un indicio relevante de incumplimiento regulatorio. En no pocos casos, el contrabando o la falsificación se manifiestan en envases sin identificación del responsable en Chile, sin advertencias de seguridad y sin certificaciones exigidas por la autoridad competente. En productos eléctricos, la inexistencia de sellos puede implicar riesgos de sobrecalentamiento, cortocircuito o incendio; en artículos con componentes químicos, la falta de advertencias claras expone a intoxicaciones o reacciones adversas.
En consecuencia, frente a bienes que no contengan rotulación en español, no identifiquen responsable en el país o carezcan de certificación visible cuando ésta sea exigible, la recomendación es inequívoca: abstenerse de adquirirlos. El ahorro inmediato no compensa la exposición a riesgos que comprometen la salud y la integridad física.
El tercer aspecto fundamental que consideramos importante destacar es la conservación de la boleta. Este documento no solo acredita el pago del precio, sino que constituye un medio de prueba esencial para demostrar la existencia de la relación de consumo en caso de daños derivados de un defecto de fabricación. El deber de seguridad implica que los bienes no deben poner en peligro la salud o integridad física bajo condiciones normales de uso; si ello ocurre, el respaldo documental resulta determinante para exigir responsabilidades en el ámbito judicial.
En definitiva, la compra de productos escolares exige una mirada que trascienda el precio. La protección del patrimonio familiar no puede separarse de la tutela de la integridad física de los estudiantes. En un mercado masivo y estacional, la información, la prudencia y el conocimiento de los derechos constituyen la primera línea de defensa del consumidor.
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