Personeros del oficialismo han inquirido sobre el financiamiento de los viajes realizados por el Presidente electo, José Antonio Kast, particularmente respecto a si provienen de recursos propios o de terceros, lo que eventualmente podría generar compromisos futuros. La respuesta de su equipo ha sido enfática: mientras no asuma el cargo, Kast sigue siendo jurídicamente un ciudadano común y corriente, y no le son aplicables las normas que rigen a las autoridades en ejercicio.
Lo cierto es que ambas posturas son atendibles: por un lado, es legítima la indagatoria de la futura oposición, tal como es legítima la respuesta de la OPE. Es decir, quedamos en tierra de nadie.
Esa tensión revela un vacío que conviene abordar. Hoy nuestra legislación no regula el período intermedio que va entre que un candidato es proclamado como electo y asume en el cargo. Las autoridades en ejercicio tienen la obligación de declarar sus viajes, donaciones recibidas y reuniones; pero nada de esto debe hacerlo la autoridad electa.
Si estimamos que por razones de probidad debe transparentarse todo lo anterior, e incluso hay situaciones que serían irrisorias (como que un privado financie viajes o entregue beneficios a una autoridad en funciones), no parece descabellado aplicar el mismo estándar a quienes están próximos a asumir responsabilidades públicas. En materia de probidad, siempre es mejor poner una valla más alta.
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