Una profesora de ciencias en una escuela escuchó hace pocas semanas a dos estudiantes de octavo básico hablar sobre métodos anticonceptivos con información errónea que habían encontrado en redes sociales. La docente quiso intervenir, pero reconoció que no tenía herramientas institucionales claras para abordar el tema en clase. Esta situación no es aislada y un dato ayuda a dimensionar el problema. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2022 nacieron más de catorce mil hijos de madres menores de diecinueve años en Chile. Esa cifra refleja conversaciones que no ocurrieron a tiempo ni en las aulas ni en los hogares.
La tesis de esta columna es directa. Chile necesita implementar educación sexual integral en todas las escuelas del país porque protege a niños, niñas y adolescentes de riesgos evitables. Lo que está en juego es la salud física y emocional de millones de estudiantes que hoy reciben información fragmentada o inexacta sobre su propio cuerpo. Los destinatarios inmediatos son las comunidades escolares, pero el beneficio alcanza a las familias y al sistema de salud. El momento es ahora porque las redes sociales han acelerado el acceso a contenidos sin filtro pedagógico, y la escuela puede ofrecer un espacio seguro para aprender con criterio.
La educación sexual integral ofrece ventajas concretas cuando se implementa con planificación. Los estudiantes que reciben información clara sobre anticoncepción y consentimiento toman decisiones más informadas. También aprenden a identificar situaciones de abuso y a pedir ayuda. Una orientadora de un liceo en la zona sur de Chile contó que, tras una sesión sobre límites corporales, una estudiante de primero medio se acercó a reportar una situación de acoso que había callado durante meses. Esa conversación fue posible porque la clase le dio vocabulario y un marco de confianza. Los riesgos aparecen cuando la implementación es improvisada o cuando los docentes carecen de capacitación adecuada.
Las familias también participan en este proceso. Algunos padres temen que la escuela reemplace su rol formativo, pero los programas exitosos complementan la conversación familiar en lugar de sustituirla. Un padre de una escuela rural en el sur del país comentó que las reuniones informativas le ayudaron a hablar con su hija sobre temas que él mismo no sabía cómo abordar. La práctica pedagógica que funcionó en ese caso fue enviar guías breves a los apoderados antes de cada unidad, para que supieran qué contenidos se trabajarían y pudieran continuar la conversación en casa con información precisa y sin improvisaciones.
Tres acciones pueden comenzar esta semana. No hablo de proyectos a largo plazo. El director o directora de cada establecimiento puede revisar el reglamento interno e incluir una hora mensual de orientación sobre autocuidado, lo que permitirá observar en un trimestre si los estudiantes usan ese espacio para hacer preguntas. El Ministerio de Educación puede distribuir materiales actualizados a los docentes de ciencias y orientación, de modo que al mes siguiente las clases incluyan contenido basado en evidencia. Cada apoderado puede solicitar en la próxima reunión información sobre qué contenidos de educación sexual recibe su hijo o hija actualmente.
La Ley 20.418 de 2010 establece que los establecimientos deben incluir educación sexual en sus programas, pero su aplicación sigue siendo desigual. El avance se podrá verificar cuando cada escuela publique en su página web o comunique por escrito a los apoderados el programa de educación sexual que implementará durante el año. Si en marzo de 2026 esa información sigue ausente en la mayoría de los colegios, sabremos que la ley sigue sin cumplirse. Si ya aparece, habrá un punto de partida para evaluar la calidad de lo que se enseña en esta materia. Lo que está en juego es importante.
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