Los resultados de la encuesta CASEN 2024 entregados hace unos días confirman que la evolución de la pobreza en Chile está estrechamente ligada a las condiciones del mercado laboral, especialmente para los hogares de menores ingresos. Si bien los indicadores agregados muestran una cierta recuperación tras la pandemia, un análisis más detallado revela que esta mejora es incompleta y que descansa en bases poco sostenibles.
Uno de los elementos más preocupantes es el deterioro del vínculo entre trabajo e ingresos en los sectores más vulnerables. En los hogares de menores ingresos, el peso del empleo como fuente principal de sustento se ha debilitado de manera significativa, siendo progresivamente reemplazado por transferencias monetarias del Estado. Esto no solo refleja un mercado laboral con dificultades para generar empleos estables y bien remunerados, sino también una creciente dependencia de subsidios que, si bien cumplen un rol de contención, no logran sustituir los beneficios económicos y sociales asociados al trabajo formal.
La evidencia muestra que la dimensión laboral sigue siendo el principal factor que explica por qué algunos hogares logran salir de la pobreza y otros permanecen atrapados en ella. La brecha entre hogares con y sin personas ocupadas es decisiva, y resulta mucho más relevante que el monto de las transferencias recibidas. En este sentido, la CASEN 2024 deja en claro que sin empleo, o con empleos precarios y esporádicos, las políticas sociales tienen un alcance limitado para generar movilidad social.
A ello se suma un deterioro en indicadores asociados a ocupación y subempleo, incluso cuando otras dimensiones de la pobreza multidimensional muestran avances. Este contraste sugiere que el problema no es solo la falta de ingresos, sino también la calidad y estabilidad de las trayectorias laborales disponibles. Asimismo, surgen interrogantes relevantes sobre los posibles efectos no deseados de algunas políticas de protección social, particularmente en contextos donde podrían estar desincentivando la participación laboral de ciertos grupos.
Finalmente, los desafíos se profundizan al considerar brechas persistentes por nivel de ingresos y género. El acceso al trabajo sigue siendo marcadamente desigual, con diferencias que se amplían entre los sectores de menores y mayores recursos, y que afectan con mayor fuerza a las mujeres en los tramos más vulnerables. A esto se agregan cambios demográficos que alteran la composición de los hogares, especialmente el aumento de personas mayores fuera del mercado laboral, lo que complejiza aún más la relación entre trabajo y pobreza.
En conclusión, el desafío central para la política pública es avanzar hacia una estrategia que vuelva a situar al empleo de calidad en el centro del desarrollo social, fortaleciendo la capacidad de la economía para generar trabajo formal y sostenible, articulando mejor las políticas laborales con el sistema de protección social. Sin este giro, los avances seguirán siendo frágiles y desiguales.
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