La construcción no podrá aumentar su productividad si no resuelve primero su brecha en seguridad de la información. En un sector donde convergen múltiples actores y procesos digitales críticos, la exposición al riesgo supera con creces la preparación tecnológica de gran parte de la industria.
La entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad vuelve esta brecha aún más evidente. Contratos, pagos, órdenes de compra y datos sensibles circulan hoy por sistemas que no siempre cumplen estándares mínimos, comprometiendo la continuidad de proyectos y la confianza entre empresas. La discusión no es solo regulatoria; es estratégica. Sin infraestructura segura, trazabilidad y monitoreo permanente, la digitalización del sector se convierte en una fuente de vulnerabilidad.
La construcción debe adoptar una cultura de seguridad equivalente a la relevancia económica que tiene en el país. Implementar plataformas certificadas, protocolos robustos y procesos que aseguren el ciclo procure-to-pay no es una exigencia administrativa, sino una condición para competir en un entorno cada vez más digital.
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