La crisis financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es una pésima señal. Esto considerando el gran déficit existente de arrastre y que sigue aumentando. Es urgente aclarar esto ya que se presta para muchas especulaciones del origen de esta falta de recursos.
Lo complejo de esta situación es que no se pueda pagar a las constructoras y que ello signifique la no entrega con subsidios ya otorgados, en definitiva, detener la ejecución de proyectos de viviendas.
En esto hay una cadena que va desde el alto costo que se deriva de la compra de los terrenos, el aumento sostenido del valor de los materiales y la mano de obra. Todo lo anterior no debería ser tema en la medida que los presupuestos aprobados y licitaciones tengan una correlación real. De no suceder aquello muchas veces se puede llegar a cumplir con una meta en cantidad, pero dejara una diferencia imposible de pagar. Esto se refleja en que al mes de agosto se habían terminado 214.588 viviendas, un logro más que notorio comparado con otros periodos considerando la necesidad de 650 mil viviendas que había a fines del 2022.
Este plan había mejorado significativamente la calidad de la vivienda, no sólo desde lo material sino en calidad de vida incorporando algunos conceptos como equipamiento, conectividad y áreas verdes. Se entendía con ello que los nuevos conjuntos de vivienda no eran una sumatoria infinita de departamentos, sino que se hablaba de un ancho de barrio. Una política que fue celebrada por todos aquellos que conciben el núcleo habitacional como el corazón o motor para generar vida de calidad, estimular los sentidos, generar comunidad con seguridad y una vida más saludable.
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