En el debate público sobre políticas públicas a menudo se confunden planos que conviene distinguir. Por un lado, están los elementos técnicos que describen y proyectan los efectos de cada medida: su impacto en el empleo, el crecimiento o los costos. Por otro lado, están los elementos normativos, ligados a los fines que se persiguen. La ética se ocupa de valorar esos fines: si son coherentes con la dignidad humana, la justicia, el bienestar, etc.
La discusión reciente sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo ilustra bien esta diferencia. Cuando el Banco Central advierte que estas reformas encarecen la contratación y afectan el empleo, cumple con su función técnica. No debería incomodar al Gobierno; la cuestión de fondo es si los fines que justifican estas reformas valen esos costos. Esa es una pregunta ética, no técnica.
Lo que debemos evitar es diseñar políticas económicas que ignoren lo que anticipa la teoría económica o, peor aún, que oculten sus efectos reales. A quienes impulsaron estas reformas cabe preguntarles: ¿esos efectos no se previeron, no se transparentaron o se consideraron irrelevantes? El debate público sería más honesto y constructivo si logramos separar, al menos en parte, los diagnósticos técnicos de las opciones éticas que guían nuestras decisiones en materia de políticas públicas.
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