En Chile persisten profundas desigualdades en la forma en que el cáncer impacta a las personas. Mientras algunos acceden a diagnósticos y tratamientos oportunos, otros —por el lugar donde viven, su situación económica o la saturación del sistema de salud— se ven obligados a esperar. Y en cáncer, sabemos que el tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esta inequidad no solo se refleja en cifras, sino en historias reales de personas y familias que enfrentan la enfermedad en condiciones muy diferentes.
No es casual que la salud se haya instalado como una preocupación transversal en nuestro país. Así lo refleja la Encuesta CEP de julio, que posiciona este tema, después de la delincuencia, como el segundo problema más importante a abordar por el gobierno, sin distinción de género, territorio o nivel socioeconómico. A esto se suma un deterioro en la percepción de salud individual, especialmente en sectores más vulnerables. La sensación de abandono es evidente y la urgencia de respuestas, también.
Uno de los mayores déficits en oncología hoy es la latencia: 15.000 personas en lista de espera con sospecha o diagnóstico de cáncer —según datos del Minsal a diciembre del 2024— y con sus garantías GES vencidas. Son pacientes que no han podido ser absorbidos por el sistema de salud: padres, hermanos, hijos, familias enteras que esperan y merecen una solución. Una dolorosa realidad que, pese a los esfuerzos de la autoridad, está lejos de cambiar.
La desigualdad es aún más evidente al mirar lo que ocurre en regiones, donde la falta de equipos, especialistas e infraestructura limita gravemente el acceso. La escasez de oncólogos y la concentración de profesionales en algunas zonas del país generan demoras en el diagnóstico y tratamiento, prolongando las listas de espera. En regiones extremas como Arica, Tarapacá, Aysén y Magallanes, la situación es crítica: cada una cuenta con un solo oncólogo para toda su población, muy lejos de los 21 especialistas por cada millón de habitantes que tienen, en promedio, los países de la OCDE.
En Fundación Arturo López Pérez (FALP) trabajamos desde hace más de siete décadas para ampliar el acceso oportuno a diagnósticos y tratamientos de calidad, con un modelo de salud social que acoge al paciente en su vulnerabilidad. Para contribuir a reducir esta brecha, FALP administra un Fondo de Tratamientos Solidarios que, gracias al aporte de nuestros socios, se destina íntegramente al cuidado de los pacientes. Así, a la fecha, hemos podido apoyar a más de 2.000 personas con diagnósticos, cirugías y terapias oncológicas.
Hoy, más que nunca, la solidaridad es parte del tratamiento. Recordando el legado de San Alberto Hurtado, quien nos interpeló a no quedar indiferentes ante el sufrimiento del otro, en el Día de la Solidaridad que conmemoramos cada 18 de agosto, hacemos un llamado no solo a reflexionar, sino a actuar. Las empresas también están llamadas a seguir un propósito que trascienda: ser parte activa de la solución a los grandes desafíos sociales, como el cáncer, es también una forma de liderar con sentido. Por sí sola, quizá ninguna pueda cambiar el mundo, pero unidas y coordinadas desde su liderazgo, sí pueden salvar vidas.
Por eso, nuestra invitación es a sumar esfuerzos. Porque cada aporte, cada gesto, cada compromiso con esta causa —desde el mundo público y privado— puede cambiar la biografía de una persona y su familia. Y porque, en tiempos de cáncer, curar la inequidad también es una forma de sanar.
|
.jpg)
