En recientes declaraciones, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que “no se plantea en este escenario una causal para impedir el ejercicio profesional”, en relación con la controversia suscitada por el supuesto hostigamiento de un docente universitario hacia un estudiante que habría manifestado una visión favorable hacia la figura de Augusto Pinochet.
El problema central no radica en que existiese una diferencia de opinión o un legítimo debate académico sobre un personaje histórico controversial. Ese tipo de intercambios, cuando se dan en un marco de respeto, forman parte esencial de la vida universitaria y del ejercicio del pensamiento crítico. Lo preocupante en este caso es el trato otorgado al estudiante por parte del docente, quien habría actuado de manera irracional e inapropiada, dejando de lado su rol formativo y su deber de promover un ambiente de respeto y libertad académica.
La educación superior debe resguardarse como un espacio plural, donde todas las opiniones puedan expresarse sin temor a represalias ideológicas. El quehacer docente no puede convertirse en una herramienta de coerción política o personal, menos aún cuando se dirige hacia quienes están en una posición de evidente vulnerabilidad, como lo son los estudiantes.
Este caso debe ser abordado no como un debate sobre figuras históricas, sino como un llamado de atención sobre el ejercicio responsable de la docencia, la convivencia democrática en los espacios educativos y la necesidad de fortalecer la ética profesional en la formación universitaria.
|