La transformación digital de las ciudades representa una de las principales oportunidades para mejorar la calidad de vida urbana, optimizar la gestión pública y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, el desarrollo de ciudades inteligentes en Chile sigue siendo heterogéneo, marcado por brechas territoriales, falta de coordinación institucional y ausencia de una estrategia nacional robusta.
Algunas comunas han avanzado significativamente en electromovilidad, digitalización de servicios o semaforización inteligente. El sistema RED, por ejemplo, ha convertido a Santiago en un referente regional en transporte eléctrico, incorporando además sistemas de monitoreo en tiempo real que mejoran la seguridad y la experiencia del usuario. Pero estos avances coexisten con municipios que aún carecen de infraestructura básica digital o de capacidades técnicas para diseñar e implementar proyectos de innovación urbana.
Las ciudades que lideran a nivel internacional —como Barcelona— han demostrado que el verdadero valor de una ciudad inteligente no está en la cantidad de tecnología desplegada, sino en su capacidad para articular soluciones integradas, inclusivas y centradas en las personas. En estos casos, los datos se gestionan con criterios de acceso abierto, la ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones, y las plataformas digitales se vinculan a objetivos claros de planificación urbana y sostenibilidad.
En el caso chileno, uno de los principales desafíos es consolidar una hoja de ruta nacional que alinee iniciativas locales con metas comunes, defina estándares tecnológicos y fomente la colaboración entre actores públicos, privados y académicos. Sin planificación de largo plazo ni mecanismos de evaluación, corremos el riesgo de replicar modelos fragmentados, costosos y poco sostenibles.
A esto se suma una brecha crítica en formación digital, tanto en equipos municipales como en la ciudadanía. La apropiación tecnológica no puede quedar limitada a expertos: se requiere una alfabetización digital transversal que permita a las comunidades entender, cuestionar y usar los sistemas que influyen en su entorno.
Finalmente, ningún avance será verdaderamente transformador sin mecanismos efectivos de participación ciudadana. La tecnología debe permitir que las personas accedan a la información, incidan en las decisiones y se involucren activamente en el diseño de su ciudad. La inversión en smart cities no puede reducirse a una cuestión técnica: es también una decisión política y social sobre cómo y para quién construimos el futuro urbano.
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