La permisología encarece la vivienda. Hoy, los trámites asociados a permisos de edificación ya representan un 12,2% del valor promedio de una unidad en la Región Metropolitana, lo que equivale a más de $4 millones adicionales por proyecto. Más allá del dato, lo preocupante es que este sobrecosto ha ido en aumento, afectando no solo a las inmobiliarias, sino directamente a las familias que ven cada vez más lejos el acceso a una vivienda.
Actualmente, sacar adelante un proyecto puede tardar más de cinco años, con una parte importante de ese tiempo absorbido por trámites. Esta burocracia frena la inversión, paraliza el desarrollo urbano y resta competitividad al país. Si no se agilizan los procesos, será muy difícil reactivar la industria de la construcción y su rol como motor económico y generador de empleo.
Aunque la solución estructural recae en el sector público, el privado también puede avanzar. Herramientas tecnológicas aplicadas a la gestión de compras, pagos y control de proyectos están permitiendo a muchas empresas absorber parte de estos sobrecostos y mejorar su productividad.
La urgencia de dinamizar el sector ya no admite más diagnósticos. Es momento de ejecutar soluciones.
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