El reciente informe de la Contraloría General de la República revela que, en 2024, el gasto estatal en Chile experimentó un alza del 11%, escalando a $167,5 billones. Paralelamente, la deuda pública se incrementó un 16% en comparación con el año previo. Estas cifras, que engloban a cerca de 700 entidades gubernamentales, incluyendo servicios públicos, municipalidades, empresas estatales e instituciones de educación superior, abren interrogantes sobre la viabilidad financiera y el rendimiento del gasto público a nivel nacional.
Analizando los números, el desglose del gasto muestra que la administración central representó $102,6 billones, los municipios $13,7 billones, las empresas del Estado $49,4 billones y las universidades estatales $1,8 billones. Dentro del sector público, las transferencias, que conforman su componente principal, representaron un 30,7% del gasto total.
El actual panorama fiscal plantea retos importantes para la política económica del país. Por un lado, el aumento del gasto estatal puede interpretarse como una medida necesaria para fomentar la reactivación económica y satisfacer las necesidades sociales. Por otro lado, el crecimiento de la deuda pública podría restringir la capacidad del Estado para financiar políticas futuras y afrontar posibles crisis externas.
Es esencial que las autoridades fiscales y económicas pongan en marcha medidas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto requiere una revisión minuciosa del rendimiento del gasto, la priorización de inversiones con un alto impacto social y económico, y, eventualmente, la aplicación de reformas tributarias menores que refuercen la base impositiva sin dañar el crecimiento económico.
Además, es vital mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. La reciente investigación del Ministerio Público sobre el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público, que involucra a más de 25 mil empleados estatales entre 2023 y 2024, resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración pública.
En resumen, el aumento del gasto y la deuda pública en Chile en 2024 supone tanto un desafío como una oportunidad. Es un llamado a actuar para implementar políticas fiscales responsables, mejorar el rendimiento del gasto y robustecer las instituciones encargadas de la supervisión y el control de los recursos públicos. Solo así se asegurará un camino de crecimiento sostenible y equitativo para el país. Por último, la ciudadanía exige mayor transparencia en los gastos y su correcto uso, sobre todo en un escenario donde el Estado tiene una imagen deteriorada por casos como fundaciones o las recientes licencias falsas, entre otros.
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