Señor director:
En el debate por el proyecto de ley de aborto libre resulta pertinente relevar un punto que ha sido escasamente abordado: la dimensión emocional y personal que involucra esta decisión. Diversos estudios y organismos internacionales coinciden en que la interrupción voluntaria del embarazo representa un proceso complejo, que requiere un abordaje empático, respetuoso y centrado en la persona usuaria de los servicios de salud.
Toda política de salud pública debe integrar un modelo de acompañamiento integral e interdisciplinario que garantice a las mujeres acceso a información clara, apoyo profesional y condiciones seguras para el ejercicio de su autonomía.
Una política de aborto legal con enfoque de derechos implica reconocer que no se trata solo de una disposición normativa, sino de una respuesta del Estado frente a diversas realidades sociales y sanitarias. En tanto, el acompañamiento antes, durante y después del procedimiento ha de ser esencial de la garantía de acceso.
Se requiere un enfoque preventivo que incluya educación sexual integral, acceso efectivo y oportuno a métodos anticonceptivos (considerando casos como los lotes defectuosos de 2020), y estrategias que promuevan decisiones informadas, libres de coerción y estigmatización.
Debido a la sensibilidad del tema, es importante reconocer que el personal de salud, en el marco de su libertad de conciencia y conforme a principios bioéticos, tiene el derecho de manifestar objeción de conciencia individual, siempre que se garantice la derivación y la continuidad de la atención.
En definitiva, se trata de construir una política respetuosa, coherente con los marcos legales y sanitarios vigentes, que resguarden tanto el acceso equitativo a la atención como los valores personales de quienes la brindan.
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