Las últimas revelaciones de la Contraloría General de la República, liderada por la gran Dorothy Pérez exponen la podredumbre institucional chilena, la baja calidad profesional y moral de miles de funcionarios públicos que no dudaron en atentar contra la fe pública, pero todos están ahí, disponibles para el fraude y la marcha, no dudan en exigir derechos, pero callan ante la impunidad, con la que los continua malcriando el dictador.
Un montón de instituciones, especialmente municipalidades, que una vez más, se repiten en la mayoría de los casos de corrupción, confeccionan comunicados insípidos, anuncian sumarios, conociendo los resquicios de impunidad que les heredó el general.
El fisco no perdona a los contribuyentes, desplumándonos por un supuesto estado solidario, pero la verdad, es que el egoísmo campea por los pasillos avinagrados de muchas instituciones estatales, donde varios políticos buscan la reelección y el próximo sillón en su frenética carrera y varios funcionarios, la inamovilidad. Claramente muchos (as) quieren hacerlo bien, pero están rodeados por la mediocridad y los gremios.
Mientras tanto, el fisco te remata la casa si no pagas las contribuciones, un impuesto expropiador, que esta ahí supuestamente para contribuir a la justicia social, gravando el patrimonio de los que aparentemente tienen más y repartirlo entre las municipalidades que tienen menos, pero “del dicho al hecho, hay un gran trecho”.
Lo peor de todo, es que nuevamente los más afectados son los indefensos, niños y niñas que deberían recibir lo mejor de nosotros, pero son utilizados para el beneficio de algunos, ya que el listado de licenciosos (as), es liderado por instituciones que comparten la visión de querer “ser un referente” en educación inicial o parvularia de calidad.
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