En 2024 cerca de 1,2 millones de vacunas contra la influenza tuvieron que ser desechadas producto de vencimientos, un 12,6% del total adquiridas, equivalentes a $4.800 millones. Entre 2021 y 2023, otros 2,4 millones de vacunas contra el Covid-19 se perdieron por la misma razón. Así mismo, la Contraloría detectó que más de 18 mil anotaciones del Registro Nacional de Inmunizaciones habrían sido administradas posteriormente a su caducidad, con diferencias entre fecha de vencimiento y vacunación de hasta 2,5 años.
Frente a aquello, la autoridad ha sostenido que: siempre existen mermas de vacunas, en años anteriores (2021) incluso han sido cifras mayores (1,6 millones de unidades, por unos $6.800 millones), los gastos se encuentran dentro de los presupuestos asignados –no se habrían retirado recursos de otras partidas–, se ha privilegiado la certeza de disponer de vacunas por si la totalidad de la población objetiva desea vacunarse, y las diferencias detectadas por la CGR son problemas de registro y no administración errónea.
Si bien es razonable que frente al trade-off de disponibilidad de vacunas versus su merma siempre debería existir una inclinación hacia favorecer la primera, cuando se constatan cifras superiores al 10% de pérdida –y cuando representan una cantidad de recursos equivalentes a la construcción de un Cesfam– es esperable una disposición más abierta a evaluar espacios de mejora.
Por otro lado, si la demanda de vacunas es así de inestable año a año, producto de la variable sensación de vulnerabilidad que experimente la población, debería considerarse evaluar mejor las estrategias de comunicación de riesgo, para alcanzar una alta tasa de vacunación más sostenida en el tiempo –que es la meta principal–, lo que también ayudaría a una utilización eficiente de los recursos al reducir la merma.
No hacernos cargo de la valoración pública de inmunizarse trae consecuencias graves, más allá de las económicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, este 2025 se ha registrado el peor brote de sarampión en 30 años, con más de un millar de casos reportados y 3 muertes. Las causas pueden ser variadas: baja percepción de riesgo, movimientos antivacunas, desinformación, etc. Habrá que estar alertas, porque si bien en Chile esta enfermedad fue eliminada en 1992, gracias a políticas de Estado, aquello también podría estar en peligro si no se aquilata la falsa sensación de seguridad –que ha ido creciendo en la sociedad– en torno a la inocuidad de una oportunidad de vacunación perdida.
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